Coronel Pérez de los Cobos y Ministro Grande-Marlaska

Forja 078 · 28 junio 2020 · 32.25

¡Qué m… de país!

Coronel Pérez de los Cobos y Ministro Grande-Marlaska

Buenos días, Sus Señorías, mi nombre es Fortunata y Jacinta, esto es “¡Qué m… de país!” y hoy les propongo cambiar la “m” del título por la “s”, a ver qué pasa. Tras más de tres meses de Estado de Alarma –100 días de mando único, que se dice pronto– y una larguísima cadena de acciones más que discutibles por parte del Gobierno, hoy sacaremos la lupa para ver en detalle el caso de la destitución del Coronel Diego Pérez de los Cobos: suceso de enorme trascendencia política que corre el riesgo de ser sepultado bajo el peso de lo inmediato. Y es que, como decía Goebbels, uno de los principales colaboradores de Hitler durante el Tercer Reich: “Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan”. Por cierto, que este maestro de la propaganda también recomendaba cosas como esta: simplificar todas las amenazas y presentarlas como un enemigo único (¡los fascistas!); cargar sobre el adversario los propios errores o defectos (¡los fascistas mienten!); adaptar el nivel de la propaganda al menos inteligente de los destinatarios (¡Los fascistas mienten y quieren dar un golpe de Estado!) y, sobre todo, insistir, repetir, machacar, insistir, repetir, machacar… Y ya que hoy me ha dado por las citas, allá va una de George Orwell: “Cuanto más se aleja una sociedad de la verdad, más odia a los que hablan de ella”. Y esta otra de Mark Twain: “Cada vez que te encuentres del lado de la mayoría, es tiempo de hacer una pausa y reflexionar”.

Pero retomemos el caso que hoy nos ocupa. Recordemos que el escándalo se desató tras hacerse pública la destitución fulminante del Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de la Comunidad de Madrid, Coronel Pérez de los Cobos, destitución dictada nada menos que en la noche del domingo 24 de mayo por la Directora de la Guardia Civil, María Gámez. Por supuesto, y tal y como nos recuerdo un seguidor en Twitter: “Lo de Marlaska con Pérez de los Cobos no es una extravagancia ocasional sino una continuación de una línea de trabajo que mostró desde el inicio cesando a quien fuera incómodo al PSOE”. En efecto, el 1 de agosto de 2018 Marlaska también destituyó por pérdida de confianza al coronel Manuel Sánchez Corbí, Jefe de la importantísima UCO (Unidad Central Operativa), con competencias en todo el territorio nacional y responsable de la lucha contra el terrorismo y la corrupción. Es de resaltar que tanto el coronel Pérez de los Cobos como su colega Sánchez Corbí fueron en su día responsables de velar por la seguridad personal del señor Grande Marlaska en su etapa como Juez en el País Vasco. Con independencia de que en el futuro volvamos a tratar este asunto, vamos a dedicar hoy este capítulo a exponer, ordenar y clasificar (es decir, a criticar) las cuestiones fácticas surgidas hasta la fecha para que ustedes puedan formar una opinión lo mejor fundada posible sobre esta cuestión de interés general.

El caso arranca con la interposición de una querella criminal contra el Delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco Pardo, por los posibles delitos de “prevaricación administrativa” y de “lesiones por imprudencia” al haber permitido, entre otras concentraciones masivas, la marcha del 8M pese al avance de la epidemia de coronavirus y los distintos avisos por parte de las autoridades sanitarias. Dicha querella fue presentada, como decimos, por un perjudicado particular a resultas de una infección por el COVID-19. La tramitación de dicha querella recayó en el Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid, dirigido por la Juez Carmen Rodríguez Medel, conocida desde el año 2018 por haber investigado el asunto del Máster universitario de Cristina Cifuentes, política del PP que por entonces desempeñaba el cargo de Presidenta de la Comunidad de Madrid. Recordemos, por cierto, que en aquella ocasión tuvieron que filtrar el vídeo de los famosos tarros de crema para forzar la dimisión de Cifuentes. Durante la actual crisis sanitaria también hemos visto la filtración del vídeo de Irene Montero donde revela que el Gobierno permitió, alentó y participó en las manifestaciones del 8M aun conociendo el progresivo agravamiento de la situación sanitaria. Qué casualidad que TVE decidiera no emitir el vídeo de Irene Montero, argumentando que se trataba de un 'off the record' robado y que emitirlo sería “una falta de deontología”. Qué casualidad también que TVE no tuviera los mismos escrúpulos a la hora de emitir los audios robados al ministro Fernández Díaz del PP o el vídeo de 'las cremas' que le costó el cargo a Cristina Cifuentes. Pero sigamos.

Entre las actuaciones judiciales previas dirigidas a verificar la realidad de los hechos y responsabilidades aducidas, la Juez instructora encargó a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid (tomen nota: “Policía Judicial”) la redacción de un informe sobre las actuaciones del señor Franco autorizando las diversas manifestaciones de lo que siempre fue el “Día de la mujer trabajadora” y ahora parece ser el “Día de la identidad feminista”. También podríamos llamarlo “Día de la ideología de género” o “Día de la locura objetiva y subjetiva de la teoría queer”.

Pues bien, Pérez de los Cobos fue cesado justo después de que la Policía Judicial entregara dicho informe a la Juez Medel. Al día siguiente, el lunes 25 de mayo, el mando uniformado de la Guardia Civil de más alto rango, esto es el DAO (Director Adjunto Operativo), Teniente General Laurentino Ceña, presentó una carta de dimisión en la que denunciaba que el cese de Pérez de los Cobos había sido “una destitución política”. El ex DAO informó que lo habitual es escuchar a la persona contra la que se va a adoptar una medida, investigar los hechos y, después, decidir si ha existido mala praxis. Si esto no se produce, aseguraba Ceña, la persona debe continuar en su puesto. El jueves 28 de mayo, el BOE publicó el cese del General Fernando Santafé como jefe del Mando de Operaciones de la Dirección General de la Guardia Civil. Todo ello desató los rumores de otras dimisiones y ceses sin confirmar en las altas escalas de la Guardia Civil, lo que motivó un intento de reprobación parlamentaria por parte de la oposición. ¿Recuerdan ustedes al General Santiago? Aquel que afirmó que en la lucha contra los bulos se trabajaba en dos direcciones: "Por un lado, evitar el estrés social que producen estos bulos, y por otro, minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno”. Pues bien, el pasado 26 de junio Santiago sería ascendido por Marlaska y ya no sería Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil de manera interina sino fija. A diferencia del general de la comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, el general Santiago sí parecía ser de la confianza del ministro y por eso pasaba a formar parte de la reestructuración que éste llevaba a cabo en el seno de la Guardia Civil.

Por cierto, entre tanto, el famoso informe fue filtrado a la prensa. Los primeros en dar cuenta de él fueron el diario.es y la cadena Ser, medios afines al Gobierno que rápidamente se encargaron de presentarlo como cargado de “errores de bulto, noticias tergiversadas y saltos al vacío” con el fin de desacreditar la labor de la Guardia Civil. Por cierto, el diario.es llegó a publicar que el Ministerio de Interior ya tuvo acceso al informe ese mismo domingo, antes de las llamadas telefónicas que después referiremos. Hoy día cualquiera puede leer al documento íntegro, así que yo les animo a que lo hagan.

Las explicaciones dadas por el Ministro del Interior, tanto a los periodistas como en el Congreso y el Senado, para justificar estos fulminantes movimientos en la cúpula de la Guardia Civil fueron cambiantes según pasaban los días: primero habló de una simple y rutinaria remodelación de la cúpula de dicho cuerpo, reorganización interna que, según él, ya estaba prevista. Este argumento se caía por su propio peso, pues ni siquiera estaba previsto el nombramiento de un sustituto. Más tarde, Marlaska terminó reconociendo que el cese se debió a la pérdida de confianza en el destituido: no explicaba en qué consistía la falta de confianza aducida y continuó negando que dicha decisión estuviera vinculada con el informe que la Policía Judicial había entregado a la Juez Medel. En relación a que las causas de un cese de esta naturaleza deben aparecer razonadas y justificadas, recordemos esta sentencia reciente del Tribunal Supremo: “Es exigible que se explicite (el motivo) evitándose expresiones opacas que puedan encubrir una intención patológica por falsa o capciosa”. Posteriormente, Marlaska cambió nuevamente la versión de los hechos llegando a culpar a Pérez de los Cobos de haber filtrado a la prensa el polémico informe, asegurando que existió una "disfunción" en su trabajo y justificando su salida en este extremo. Tras acusar al Coronel de haber filtrado el informe a la prensa, el Gobierno y medios afines inició una campaña mediática contra su persona identificándolo con las “cloacas” del Estado heredadas del PP. Y todo esto a pesar de que el propio Pedro Sánchez había declarado un año antes: “Le quiero decir una cosa al señor Iglesias y para tranquilidad de todos los españoles: esa mal llamada ‘policía patriótica’ desapareció en cuanto entramos al Gobierno de España”. Pues que se ate bien los machos Don Pablo Manuel Iglesias Turrión porque con todo este asunto de la tarjeta de Dina, parece que la “cloaca” del Estado es el mismo.

Más adelante se filtró a la opinión pública que en la referida tarde-noche del domingo 24 de mayo el coronel Pérez de los Cobos recibió nada menos que tres llamadas sucesivas: una del General Berrocal (Jefe de la I Zona de la Guardia Civil de Madrid); otra del Teniente General Fernando Santafé (Jefe de Operaciones del Cuerpo que dimitiría al día siguiente); y una tercera de la Directora General de la Guardia Civil, María Gámez Gámez que, para que quede claro, no tiene galones dentro del instituto armado español, sino que es una abogada y política del PSOE: esto es, ocupa un puesto político. Hasta ahora, nadie ha desmentido oficialmente que el objetivo de dichas llamadas telefónicas era el requerimiento formal al coronel Pérez de los Cobos para que facilitase a sus superiores el contenido del informe elaborado por la Policía Judicial a petición de la juez Medel.

El escrito de la Directora General de la Guardia Civil, la señora Gámez, dirigido al Secretario de Estado de Seguridad y firmado electrónicamente a las 22:14 del domingo 24 de mayo. Fíjense bien en la hora, porque la llamada de María Gámez a de los Cobos se produjo a las 22:26, 12 minutos después de haber firmado el documento de cese. La señora Gámez colgó el teléfono diciendo: "Si esa es la contestación, está usted cesado", pero el documento demuestra que la decisión del cese ya estaba tomada. En dicho documento se propone el cese en su destino del coronel Pérez de los Cobos aduciendo que tal medida se adopta “por pérdida de confianza de esta Dirección General y del Equipo de Dirección del Ministerio del Interior, por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento.” Siendo rigurosos, hay que advertir que Pérez de los Cobos sí informó a efectos de conocimiento sobre lo que estaba investigando la Policía Judicial. Lo que no hizo, porque no podía hacerlo, era desvelar los detalles de dichas averiguaciones, así que el Coronel cumplió estrictamente con la legalidad. Y observemos en este vídeo el talentazo de nuestro querido vicepresidente segundo del Gobierno para retorcer la realidad hasta el absurdo (vídeo Iglesias y Egea). ¡Puro Goebbels! ¡Alucinante! Y la bancada socialista aplaudiendo… ¡Qué bochorno! Como esto otro, miren a Lastra, Sánchez y Abascal y disfruten (vídeo Carmen Calvo).

El citado documento firmado por la Directora de la Guardia Civil muestra la manifiesta falsedad de las justificaciones aducidas por el Ministro del Interior tanto ante los medios de comunicación como en sede parlamentaria. Pero es que además explicita cómo al Coronel se le castiga por no haber accedido a cometer una ilegalidad. Dejo a cada uno de ustedes juzgar cuál de las dos mentiras ministeriales es más grave (vídeo Fernando Martínez Maíllo).

Conviene evidenciar, por cierto, el parecido que hay entre el despido de Pérez de los Cobos y el de José Antonio Nieto, Jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía, cesado por Marlaska el 13 de marzo también por una supuesta falta de lealtad y falta de confianza (curioso que después dijera que se enteró de su cese por la prensa). Nieto elaboró un borrador de medidas de prevención que se publicó en la web de la policía el 24 de enero. En él recomendaba a los agentes de policía que controlasen la llegada de los vuelos procedentes de China y que se protegiesen con guantes de nitrilo y mascarillas FFP2, ya que el virus -decía- podía llegar a España. Y advertía: «Evitar el contacto cerca de cualquier persona que presente síntomas de enfermedades respiratorias, como tos y estornudos. Evitar aglomeraciones». El Ministerio de Sanidad afeó la actuación de los agentes: "Estáis creando alarma social”. Como decimos, José Antonio Nieto fue cesado después de 36 años de servicio a la Policía, de forma imprevista, sin explicaciones claras y sin darle la oportunidad de defenderse. Y todo esto sucedía justo un día antes de la entrada en vigor del Estado de Alarma, es decir, justo cuando se confirmaba que Nieto tenía toda la razón. En una entrevista del pasado 12 de junio en El Confidencial, Nieto se preguntaba: «¿Falta de confianza cuando tres días antes de mi cese mi subdirectora general me dice que me va a comer a besos por lo bien que lo está haciendo mi grupo? ¿Qué me voy a coronar por la lucha frente al coronavirus? ¿Falta de confianza cuando mi comisario, Guillermo Blázquez, me dice que con lo que estaba haciendo seguro que nos daban a los dos una medalla roja? El mismo día que me cesan, el director general de la Policía presenta ante los sindicatos el Plan de Actuación frente al covid-19. Asegura públicamente que es un gran plan. Un sindicato policial le pregunta: “¿Sabe quién lo ha hecho?”. “No”, responde. “La persona que usted acaba de cesar”, le informan. Ese plan, de 28 páginas, hay países sudamericanos que lo han pedido como referente sanitario del control de la epidemia. Con eso te lo digo todo».

Pero retomemos el asunto del Coronel Pérez de los Cobos. Para entender las tremendas implicaciones jurídicas que conlleva su destitución es preciso entender cómo regula la Constitución española de 1978 las funciones de la Policía Judicial. Su artículo 126 dice que “La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca.”

Es decir, si bien las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (según su normativa reguladora) dependen orgánicamente del Ministerio del Interior, cuando sus integrantes realizan funciones de Policía Judicial dependen funcionalmente de los Jueces y Fiscales que requieren su colaboración. Para ello, la Ley Orgánica del Poder Judicial regula en los artículos 547 a 550 lo dispuesto por el citado artículo 126 de la Constitución y, para lo que aquí nos interesa, el artículo 550 dice:

“1. En las funciones de investigación penal, la Policía Judicial actuará bajo la dirección de los juzgados y tribunales y del Ministerio Fiscal.

2. Los funcionarios de Policía Judicial a quienes se hubiera encomendado una actuación o investigación concreta dentro de las competencias a que se refiere el artículo 547 de esta ley, no podrán ser removidos o apartados hasta que finalice la misma o, en todo caso, la fase del procedimiento judicial que la originó, si no es por decisión o con la autorización del juez o fiscal competente.”

Los pormenores de la colaboración entre la Policía y los jueces y fiscales se detallan ampliamente a los artículos 282 a 298 de la Ley de Enjuiciamiento criminal. En todo caso, queda patente la dependencia funcional de la Policía Judicial con los jueces o fiscales que les encarguen las averiguaciones concretas.

Pero es que los Guardias civiles que formen parte de la Policía Judicial están sujetos, no solo a los delitos previstos en el Código Penal para cualquier funcionario, sino a los previstos en el Título XX del Código Penal: los delitos contra la Administración de Justicia. Antes de entrar en esta problemática penal, aparece un primer problema que interesa poner de relieve: la manifiesta intromisión ilegal del denominado Poder Ejecutivo en el también denominado Poder Judicial. Aclaro que empleo estos términos como se hace vulgarmente ya que, como es sabido, el filósofo Gustavo Bueno sigue la tesis propia de denominarlos de otra forma, cuestión que no detallaré hoy, pero que conviene señalar. La razón de esta intromisión ilegal es que, tanto los generales como la Directora General que requirieron al coronel Pérez de los Cobos por teléfono para que les diera cuenta del contenido del informe, lo hacían como integrantes del poder Ejecutivo.

Por su parte, el Coronel estaba en situación de superior jerárquico de los guardias civiles encargados de redactar el informe (el Instructor y el Secretario), pero él no tenía obligación de conocer el contenido de dicho informe. Por otro lado, los superiores de Pérez de los Cobos sabían de sobra que no podían legalmente pedirle razón de dicho informe. En esas llamadas telefónicas le pedían cometer un delito y él se negó (retorcimiento Iglesias).

A mayor abundamiento, y tal y como los jueces deben hacer en estos casos por prescribirlo el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, la juez instructora había apercibido formalmente de guardar el secreto de sus actuaciones al Instructor y Secretario encargados de realizar el informe. Esta circunstancia es especialmente relevante en el caso, dado que el Sr. Grande Marlaska es juez y en consecuencia ha formulado múltiples veces tales requerimientos a la Policía Judicial. Sin ir más lejos, tuvo que hacerlo en el mediáticamente conocido “caso Faisán”. 

La consecuencia podría ser una muy posible ilegalidad del requerimiento y, por tanto, la nulidad de pleno derecho de la destitución del coronel Pérez de los Cobos, amén de una grave intromisión o conflicto entre dos poderes del Estado. Estas fueron las razones por las que salieron inmediatamente a la opinión pública los manifiestos de tres de las cuatro asociaciones de jueces y magistrados, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente. Curiosamente, la minoritaria asociación de Juezas y Jueces para la Democracia, próxima al partido socialista y a Unidas Podemos, no se pronunció de ninguna manera.

En sus comunicados, las tres asociaciones citadas incidieron en que las actuaciones del ministro Marlaska suponían una grave intromisión en la independencia judicial. Por ello, unos pedían su dimisión y otros una actuación del Consejo General del Poder Judicial para preservar la independencia judicial. Asimismo, reprochaban al Ministro haber realizado tales actuaciones dada su condición de juez.

Así las cosas, el miércoles 17 de junio los medios de comunicación dan cuenta de la presentación ante el Tribunal Supremo de una querella particular contra Grande Marlaska aduciendo que el Ministro podría haber cometido tres delitos: dos como encubridor y uno como autor. Los dos primeros serían: “conspiración para cometer revelación de secretos” y “proposición para cometer infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos”, ambos presuntamente cometidos por los dos generales y la Directora General de la Guardia civil por sus requerimientos al coronel Pérez de los Cobos. Como autor se le acusa del delito de “omisión del deber de perseguir un delito”, ya que conocía el carácter de tales llamadas intimidatorias, sabía que esas llamadas telefónicas implicaban a tres funcionarios públicos y que con ellas se conculcaban los derechos de un ciudadano, el señor Pérez de los Cobos, ya que este tenía el derecho y la obligación de no ceder a los requerimientos que se le hacían.

En el caso de los dos presuntos delitos relativos a la revelación de secretos, se trata de actuaciones contempladas en los artículos 413 a 418 del Código Penal y se refieren siempre a funcionarios. La formulación de la querella pone de relieve que se trataría de una “conspiración” porque serían varias personas las que se habrían puesto de acuerdo (los dos generales y la Directora General, así como el propio Ministro querellado). El objeto de tal conspiración sería la “proposición” de los conspiradores al coronel para que este cometiera el delito de infidelidad en la custodia de documentos y la correspondiente violación de secretos. En el caso de la otra acusación (“omisión del deber de perseguir un delito”) se trata de un delito tipificado en el artículo 408 del Código Penal. Entiende el querellante que el ministro trató reiteradamente de ocultar los hechos y documentos que constituían los mencionados delitos.

Un juicio político de estos hechos nos conduce directamente ante un caso de injerencia del poder ejecutivo sobre el poder Judicial. Es decir, un ataque que, en los Estados de democracia liberal como es el nuestro, implica romper uno de los pilares del sistema, basado precisamente en la denominada “separación de poderes”. Este comportamiento, dado que no ha sido un hecho aislado durante la vigencia del Estado de Alarma, pone en estado de alarma, valga la redundancia, al propio sistema político en España.

Como ya sabemos, la citada querella interpuesta contra el Delegado del Gobierno en Madrid fue archivada provisionalmente por la Juez instructora, si bien ese archivo ha sido recurrido por los querellantes. Una de las últimas novedades ha sido el recurso de alzada presentado por el propio Pérez de los Cobos ante el Ministerio de Interior.

Las actuaciones reseñadas en esta entrega de Fortunata y Jacinta nos permiten preguntar por las ventajas de arriesgarse a cometer estos presuntos delitos. Por una sola vez, y sin que sirva de precedente, acudiremos a la explicación de un psicoanalista, Alfred Adler, según el cual “una mentira no tendría sentido si la verdad no fuera percibida como peligrosa”. ¿Cuál sería en este caso la verdad “peligrosa” que se trata de ocultar al escrutinio de la ciudadanía? Creemos coincidir con muchos españoles cuando decimos que esa verdad ocultada es la responsabilidad del Gobierno en el crecimiento descontrolado de la infección del COVID-19 en España en unos días cruciales que van del 1 a 14 de marzo de 2020, irresponsabilidad motivada por razones meramente ideológicas que primaron sobre el interés colectivo por preservar la seguridad, la salud y la vida de los españoles. Lamentablemente, esa responsabilidad pende ahora sobre nosotros en forma de una inevitable y brutal crisis económica cuyas primeras manifestaciones ya son inequívocas, aunque muchos aun no lo vean, y justo esta semana, tanto el FMI como el Banco de España colocaban a España en cabeza del hundimiento económico mundial.

Y hasta aquí este capítulo de Fortunata y Jacinta. Agradecemos su apoyo a todos nuestros mecenas y recuerden: “Si no conoces al enemigo ni a tí mismo, perderás cada batalla”.