El Catoblepas • número 22 • diciembre 2003 • página 23

Virtudes soberanas y justicias políticas

Julián Arroyo Pomeda

Sobre R. Dworkin, Virtud soberana. La teoría y la práctica de la igualdad, traducción de F. Aguiar y M. J. Bertomeu, Paidós, Barcelona 2003, 532 páginas; y O. Höffe, Justicia política, edición e introducción de Carlos Velasco, traducción de C. Innerarity, Paidós, Barcelona 2003, 230 páginas

El profesor norteamericano Ronald Dworkin –que trabaja en las universidades de Nueva York y Oxford– se dedica a la temática de Derecho, Filosofía y Jurisprudencia. El contexto de su actividad se sitúa en el centro de los debates producidos por la Teoría de la justicia de Rawls, moviéndose en esta tradición como un especialista de solidez comprobada. El aparato de argumentación rigurosa y detallada que ofrece en este libro constituye una ejecutoria de prueba manifiesta.

Además, es un intelectual publico que debate sin complejos y con la mayor autoridad cuantos temas están en la actualidad de hoy. Su esfuerzo por hacerse entender no le hace dejar de lado todo su armamento intelectual de amplios recursos, propio de uno de los mejores filósofos sistemáticos de la época. La discusión de los asuntos morales la amplía siempre para abarcar lo político y lo legal.

La traducción española del original Sovereign Virtue precisa con buen criterio la descripción de la referencia a la igualdad, de la que analiza su teoría y su práctica, que presenta en dos partes amplias con este subtítulo. Sin embargo, aclara que las dos están muy imbricadas entre sí, no siendo la segunda simple aplicación de la teoría, sino que implica, igualmente, avances y elaboraciones teóricas. En algunos casos sí ocurre esto, pero en otros no tanto.

Su planteamiento es claro. La igualdad es una especie en extinción, pero no podemos prescindir de ella porque es la virtud soberana de la comunidad política. Tal virtud incluye la terna clásica conocida y «sin ella el gobierno es sólo una tiranía» (página 11). Por eso una democracia que la ignore carece de legitimidad.

Por igualdad no puede entenderse el hecho de que todos sean poseedores de «la misma riqueza, de la cuna a la tumba» (página 12). Esto no constituye ningún ideal y ni siquiera sería justo. Dworkin la entiende como «una forma de igualdad material que he denominado igualdad de recursos» (página 13). Así pues, toda política democrática tiene que dotar de recursos iguales a todos los ciudadanos para que sus vidas puedan realizarse con éxito, del que cada individuo será responsable último. Posteriormente, habrá que promulgar leyes adecuadas para que la riqueza se distribuya. Los recursos disponibles para cada uno han de ser iguales, el éxito ya depende de la responsabilidad individual.

Esta es la descripción de la igualdad liberal, que constituye la tercera vía –«nuestra vía», página 27–, superando tanto el antiguo igualitarismo como el conservadurismo viejo y nuevo. Dworkin ha recopilado y revisado artículos sobre esta temática desde 1981 a 1999, armando un sólido volumen.

La primera parte –teoría– presenta un análisis académico y bien consolidado de las diferentes modalidades de igualdad: de bienestar, de recursos, de libertad, política, de comunidad, de buena vida y de capacidad. Son siete capítulos que requieren de una lectura atenta y esforzada y que constituyen los fundamentos ético-jurídicos de su teoría política.

La segunda parte –práctica– desciende a la política real, estudiando las aplicaciones de casos de gran interés también teóricos. Analizar temas como la sanidad, los subsidios al desempleo, los gastos de las campañas electorales, el suicidio asistido y la elección de sexo, y la ingeniería genética. Se trata de un abanico de asuntos que sigue siendo objeto de debates encontrados y que abren perspectivas de gran actualidad para un análisis filosófico serio y ponderado.

El enfoque de Dworkin es interdisciplinar, situándose en un nivel de apertura adecuado y realista. Se muestra siempre prudente, pero también directo, en la defensa de sus convicciones. Por ejemplo, reconoce que la salud tiene un alto coste, pero si no se estableciera en los Estados Unidos una reforma en la atención médica «nuestra vergüenza nacional se perpetuaría: es una vergüenza que una nación tan próspera no garantice ni tan siquiera un mínimo decente de atención sanitaria también a todos aquellos sobre quienes ejerce su dominio» (página 346). En cuanto a la cuestión de las campañas electorales, no puede prohibirse que los ciudadanos que lo deseen puedan contribuir económicamente en ellas, porque entonces el pueblo no recibiría mensajes informativos de contenido político, pero igualmente es cierto que «nuestra democracia ha sido seriamente dañada a causa del dinero» (página 417) y que puede terminar en una gigantesca montaña de hipocresía. La discriminación positiva de las mejores universidades, en cuanto a la admisión de alumnos, se ha manifestado exitosa, pero «si no resulta equitativa [por discriminar o violar derechos] ... sería inapropiada incluso aunque mejorara la nación» (página 438). Y será equitativa si logra robustecer la posición de las minorías, con independencia de la estructura económica que tengan y de la consideración racista mantenida en la pasada historia. Finalmente, ¿por qué vamos a renunciar a mejorar la especie, si podemos, o por qué imponer la limitación de la libertad de los ciudadanos en cuanto al sexo o al suicidio asistido? Desde luego, proponer todo esto no debe impedir la necesidad de supervisar todas las acciones posibles.

Por otra parte, la confrontación entre igualdad y justicia constituye una de las variantes de radical división entre muchos pensadores. En la colección Pensamiento contemporáneo, de Paidós y el ICE de la Universidad de Barcelona, se vienen editando traducciones en castellano de alto nivel académico. En cambio, su reducido formato obliga a elaborar drásticas reducciones de las obras originales, muchas veces, como sucede en este caso. Aquí se conserva el título original de la obra de Höffe, que incluye más de 500 páginas, dejándolas en menos de 200, porque, además, hay que hacer espacio para una introducción de otras treinta, que resulta, por otra parte, tan útil como necesaria. Por tanto, la apuesta es muy arriesgada, aunque vale la pena por disponer de la posibilidad de su lectura en nuestra lengua.

Velasco explica con claridad su criterio, acordado, incluso, con el propio autor. Realmente recoge completa la tercera parte del original, por ser «la aportación más genuina de libro» (págs. 35-36) y suprime prácticamente la primera y la segunda, con variantes.

El tema tratado por Höffe se centra en el concepto de justicia y su concepción teórica, una cuestión de tratamiento filosófico desde la tradición de Platón y desgraciadamente olvidada durante el siglo XIX y parte del XX, hasta la década de los 70, en que tiene lugar la publicación de Teoría de la justicia, del norteamericano Rawls, como un revulsivo necesario en el renacimiento de la tradición ancestral. En efecto, Höffe titula la primera parte de este trabajo «una revalorización del discurso sobre la justicia» (página 43), lo que le hace muy consciente de la situación intelectual. Acusa inmediatamente la influencia de Rawls, pero se remonta en la historia a las dos posiciones de «la teoría positivista del derecho y del Estado y el anarquismo» (página 49), que cuestionan el discurso sobre la justicia. Previamente se detiene en la modernidad, recordando las tradiciones hobbesiana y kantiana, y mucho más atrás, llegando, incluso, a la tradición aristotélica. Con todo ello establece su proyecto: elaborar «una filosofía fundamental de lo político» (página 67).

Cómo legitimar la justicia es, entonces, el asunto clave. El apoyo clásico fundamental –aunque no todo– es para Höffe el de Hobbes. Por eso mantiene que la coerción social o política es legítima cuando cada uno la acepte como algo ventajoso para todos. Sólo esta justicia política garantiza la comunidad de libertades, situándose así en la segunda parte.

A partir de aquí progresa Höffe detalladamente desde la justicia natural o preinstitucional a la justicia institucional y a la justicia política. La situación del estado de naturaleza no garantiza las libertades fundamentales, es decir, los derechos humanos; por eso es necesario institucionalizar tales derechos, por encontrarse en un estado muy deficitario, aunque para ello haya que aceptar algunas renuncias. De lo contrario, mandaría la naturaleza y, por ello, los más débiles saldrían perjudicados.

El estado de naturaleza no dispone de capacidad y poder para reconocer los derechos y realizarlos, luego es necesario superar esta cuestión mediante la metáfora del contrato social. Höffe sintetiza esta idea en la conocida expresión de que «incluso un pueblo de demonios requiere un Estado» (página 147) para proteger los derechos, precisamente.

Por último, la superación de la situación anterior se realizará históricamente en la idea de justicia política. Este es el modelo de Höffe, que incluye un proceso de comunicación para lograr el consenso ante los conflictos, habiendo reconocido previamente a los interlocutores libremente vinculados. Mediante las progresivas tomas de decisiones «la justicia alcanza un mayor grado de concreción» (página 200).

En su discurso argumentativo ha ido recorriendo sendas de muchas de las orientaciones dejadas por pensadores dedicados a la teoría política, como Nozik, Hayek, Buchanam, Kelsen, Habermas, Walzer, Gauthier, Apel y Barry, entre los todavía no citados. Así que se mueve en un rico contexto conceptual y entre fuertes contenidos argumentales.

Con motivo de la reedición de su obra en 2002 hace referencia, en el epílogo, a que han pasado ya quince años, que exigirían algunas matizaciones. El mismo Carlos Velasco, que concede una gran importancia a su teoría, observa en el libro «un marcado sesgo epocal» (página 32) y un «bagaje teórico insatisfactorio» (página 33), por lo que pide a la filosofía política que se abra a «horizontes más amplios» (página 35). Con ello se reconoce la importancia de las bases teóricas establecidas, así como la necesidad de conocer bien los caminos recorridos y, al mismo tiempo, se augura un futuro para la filosofía política, que puede hacer mayores aportaciones en el siglo recién iniciado, respondiendo así a los retos que plantearán las nuevas situaciones, muchas todavía inéditas.

Hoy en día muchos defienden el «Estado mínimo», pero Höffe, que en algunas ocasiones se ha manifestado como conservador, argumenta en favor del «Estado social». También dice que ningún Estado actual es un «Estado justo», por lo que excepcionalmente «la desobediencia civil puede ser legítima» (página 195). Hay otras muchas formas de resistencia al Estado constitucional democrático: critica, oposición, manifestación, &c. Conviene decirlo, aunque se sepa, porque la necesidad de seguridad obsesiva puede recortar derechos elementales que no tendrían que olvidarse, ya que la interpelación social puede surtir efectos poderosos frente al anquilosamiento de los poderes establecidos e inmovilistas en sus cátedras políticas. La contestación social es igualmente un legítimo grito de justicia.

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