Democracia sin ira
9 de abril de 2003
En estas semanas la opinión pública española está viviendo con intensidad el debate en torno a la guerra en Iraq. Al calor de la discusión se han suscitado algunas cuestiones que, al margen de las relaciones internacionales, afectan a nuestra convivencia como comunidad política. Quienes suscribimos este documento creemos necesario pronunciarnos sobre ellas. Lo hacemos con independencia de las opiniones que cada uno de nosotros sostenga en favor o en contra de la intervención armada en Iraq.
1. Las guerras traen consigo pérdidas de vidas humanas y empobrecimiento de pueblos que en todos los casos hay que lamentar. Sin embargo, no toda guerra es siempre inmoral o ilegítima. No negamos que se pueda discutir si en este caso se ha obrado rigurosamente o conforme a determinados procedimientos internacionalmente admitidos, como efectivamente ocurrió en la intervención de Kosovo. Pero no se puede afirmar que toda intervención armada sea impropia de naciones civilizadas. La historia contemporánea ofrece numerosos ejemplos de lo contrario.
2. El régimen iraquí supone una amenaza para el conjunto de la comunidad internacional, como han reconocido gobiernos y ciudadanos en democracias de todo el mundo. También para nuestro país, tantas veces alcanzado por los efectos del terrorismo. Los españoles deberíamos estar especialmente interesados en que no se encienda una luz verde a las dictaduras agresivas o que presten cobertura a organizaciones terroristas. Por nuestra ubicación en la frontera sur de Europa. Por nuestra necesidad de garantizar la defensa nacional. Por la frecuente agresión terrorista. España tiene motivos para desear el respaldo que proporcionan las naciones aliadas y el imperio de la ley en el mundo.
3. Es explicable que surja en el ambiente nacional el deseo de situarse al margen de controversias internacionales tan llenas de aristas como la actual. Pero España no podría ya permanecer al margen de los inevitables posicionamientos internacionales, aunque lo quisiera. Hay quien no comparte ni apoya las decisiones adoptadas por el Gobierno. Nadie puede sin embargo negar su legitimidad para adoptarlas, ni su deber de gobernar.
4. En el calor del debate se va olvidando que el régimen de Saddam Hussein se ha situado consciente y voluntariamente al margen de la ley internacional y de las más elementales normas de respeto a los derechos humanos más fundamentales. El que numerosas personas se pronuncien en contra de la intervención armada no debe conducir a ningún demócrata a acabar colocándose en la defensa tácita de un régimen tiránico.
5. El hecho de que gran parte de la opinión pública, al día de hoy, no coincida con la posición del Gobierno, no quiere decir que ésta sea antidemocrática. Se apoya en la legitimidad que le proporciona nuestra democracia representativa: en el voto secreto, libre, igual y universal de los ciudadanos. El ejercicio de la libertad de expresión y de manifestación no puede sustituir a las instituciones parlamentarias de una democracia por una especie de régimen asambleario permanente.
6. Las siguientes elecciones generales determinarán en su momento, como sólo corresponde a las urnas, en qué medida las críticas y aplausos que ha recibido el Gobierno se traducen en apoyo a unas u otras opciones políticas. Pero también se han producido lamentables manifestaciones de ira y de violencia contra responsables políticos, contra sedes del Partido Popular y contra militantes o concejales de esa formación política. Esos hechos son intolerables en una sociedad democrática y son expresión de una agresividad incompatible con la convivencia ciudadana. En momentos de especial tensión pública es exigible que los dirigentes de todos los partidos políticos estén a la altura de sus responsabilidades. Es ineludible que se condenen las agresiones. También lo es que se fomente la calma entre los seguidores de las diversas formaciones. No es admisible una escalada verbal que llegue a justificar que individuos exaltados cometan esos desmanes. Haber tildado de "asesinos" a los miembros del Gobierno, o haber callado cuando así lo hacían otros compañeros de manifestación, arroja una sombra de imprudencia que ha de ser contrarrestada con un inequívoco ejercicio de concordia.
7. La concordia requiere orillar las discrepancias que en ciertos momentos no pueden resolverse. Es manifiesto que los dos principales partidos de España no están de acuerdo sobre la conveniencia o la inconveniencia de la actual intervención aliada en Iraq. Pero los ofrecimientos de un consenso hacia el futuro no deberían haber sido rechazados tan precipitadamente como se ha hecho. La Unión Europea ya está superando las diferencias. Es deseable para España que se restablezca el diálogo en cuestiones capitales de interés nacional. El actual encrespamiento de los ánimos y el ambiente creado por los disturbios son negativos para la convivencia democrática en España.
Durante veinticinco años los españoles han comprobado los beneficios de todo orden que genera un sistema político democrático como el establecido en nuestra Constitución. Los españoles han aprendido que vivir en democracia es fácil para los ciudadanos y constructivo para el país. Tenemos una democracia fuerte. Queremos que siga siendo una democracia sin ira.
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Manifiesto difundido por internet desde democraciasinira.net –dominio registrado el 4 de abril de 2003 por Juan Soler-Espiauba Gallo; el 8 de abril de 2003 la Fundación Faes registró el mismo rótulo en los dominios .com e .info– y publicado como publicidad en la prensa (por ejemplo en La Razón, Madrid, miércoles 9 de abril de 2003, página 11) con la leyenda: «La publicación de esta página ha sido sufragada por FAES Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales.»
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