El CatoblepasSeparata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
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El Catoblepas

El Catoblepas · número 187 · primavera 2019 · página 9
Artículos

La dictadura de lo políticamente correcto

Enrique Prado Cueva

Contestación a la proclama de la Fundación FAES, La derecha de Sísifo

elecciones
Resultados de las elecciones generales 2019 al Congreso de los Diputados

En política dos más dos nunca son cuatro. No podemos guiarnos por parámetros éticos para juzgar los resultados, pero tampoco por análisis cortoplacistas que atiendan, por ejemplo, a las estrategias del contrincante como causas de por qué ganamos o de por qué perdemos. Una vez que todo ocurre, cualquier explicación es válida. Del ganador se dirá que todo lo que hizo muestra su pericia y su habilidad política, a pesar de que eso mismo, y en otras circunstancias, podría llevarle a la derrota. La pregunta clave es: ¿qué hay que hacer para ganar unas elecciones? La respuesta es muy sencilla: que te voten. Pero entonces, ¿qué hay que hacer para que te voten? Para esto no hay ni recetas ni una respuesta clara. Pero sí sabemos algunas cosas que podrán ayudarnos a comprender cómo se gana y como se pierde el suelo electoral.

El electorado no tiene ni tiempo ni ganas de leerse sesudos tratados políticos en los que se explique cómo funcionan los impuestos, qué es y cómo se articula un estado plurinacional o en qué consiste la devolución al Estado de las competencias en educación y sanidad. Proceden estas tres propuestas dispares de tres partidos enfrentados: el PP, el PSOE y VOX. Las proclamas deben ser cortas, fáciles de entender y de asimilar. Pero deben de tener un componente a mayores: han de ser mitos luminosos que congreguen al espíritu de muchos en torno a ellas. Cada una de estas propuestas encierra pasiones e intuiciones difusas que lograrían reunir en una ekklesia o congregación virtual a una buena parte de los electores. Pero es el caso, por ejemplo, que el PSOE aun no ha explicado con claridad qué es y cómo se articula un Estado plurinacional en un sistema autonómico como el nuestro. Sin embargo, es obvio que una buena parte de su electorado parece entender esta idea de lo “plurinacional”, aunque no sepa muy bien cómo explicarla. Una rebaja o una subida en los impuestos puede ser necesaria según circunstancias y dependiendo para qué y en función de lo que queramos conseguir. Por ejemplo, una subida de impuesto sobre el diesel es contraproducente porque grava el transporte de mercancías y a las familias para las que un coche ya no es un lujo sino una necesidad diaria. Al contrario de lo que sucede con los impuestos sobre el tabaco que protegen, en última instancia, la salud de los españoles porque encarecen notablemente el producto que se consume: a mayor precio, menos ventas y, por consiguiente, menos consumo. Cierto es que un liberal a ultranza dirá que ni siquiera en este caso debería de intervenir el Estado. Pero no es menos cierto que una voluminosa factura en sanidad por causa de las enfermedades derivadas del consumo del tabaco, implicaría un aumento de los impuestos para hacer frente a la factura sanitaria consecuente.

Ocurre lo mismo con la reversión de las competencias al Estado. Se trata de un mito luminoso como los anteriores, pero con alguna diferencia significativa: no resulta fácil identificarse con él porque no es un mito que se encuentre en el ámbito de lo políticamente correcto. Se trata de una idea política legítima que da al traste con el statu quo actual y eso puede producir inquietud en algunos. Sin embargo, se ha de advertir que la inquietud como tal no es una categoría política. Esto es indudable si nos fijamos en los apoyos que el PSOE tuvo para su moción de censura: fue apoyado por separatistas que quieren romper en mil pedazos el Estado democrático actual y por los herederos políticos de ETA que todavía consideran a la lucha armada como un medio legítimo para deshacerse del adversario, justificando así, sin más, todos los asesinatos cometidos por la banda terrorista. Esto sí debería producir inquietud en el electorado y, sin embargo, el partido que aceptó estos apoyos gana las elecciones con una mayoría holgada. ¿Debemos deducir por esto que los votantes del PSOE consideran legítimos los apoyos recibidos? La respuesta es que sí. Esto sí es preocupante e inquietante. Sin duda, si les preguntáramos a muchos de los que votaron al PSOE si avalan las tesis de aquellos que les apoyaron para llegar al gobierno en esta última legislatura, dirán que no. Darán todo tipo de excusas para evitar “mancharse” con las miasmas de terroristas y separatistas. Al respecto yo ya he oído de todo. Básicamente son pragmáticos. El pragmatismo en política es una forma elegante de soslayar la ética personal, que uno dice defender, y la moral, que uno dice compartir con el resto de los hombres buenos. De acuerdo, son pragmáticos. La cuestión es si ese pragmatismo les conduce (o nos conduce, dado que sus votos orientan la política del gobierno recién salido de las urnas) a la construcción de una nación en la que sea posible la convivencia y la solidaridad. La respuesta es que no. Si nos preguntamos si tienen una idea clara de lo que es la nación española o del tipo de Estado que quieren, la respuesta también es negativa: no serán capaces de encajar a un tiempo, en el seno del Estado, los principios de solidaridad y de igualdad con las contrapartidas que se verán obligados a pagar a partidos que buscan su disolución. No es posible servir al mismo tiempo a Dios y al diablo.

Mucha era la razón que asistía al profesor Bueno cuando, ya al final de su libro El mito de la derecha, advertía que una democracia no puede aceptar en su seno partidos nacionalistas que tienen por único objetivo la secesión, con menosprecio y perjuicio para la idea de España y de su unidad como nación. La “geometría variable” de Zapatero fue, en su momento, un peligroso juego, pseudo-democrático, que colocó la soberanía de España en manos de quienes claramente querían y quieren destruirla. Sin duda, la geometría variable volverá en la actual legislatura. En realidad, lo que el PSOE entiende por estado plurinacional es esto precisamente: aceptar como “políticamente correcto”, en el juego democrático, a aquellos que solo buscan destruir al Estado.

Sobre esta última idea, la de nación española, quiero hablar. El único partido que la defiende con claridad es VOX y, por este motivo, curiosamente, se le tacha de extrema derecha. Es necesario, por tanto, aclarar lo que las CCAA aportan al Estado y a su configuración.

Las Comunidades Autónomas son entidades administrativas complejas pero no son entidades políticas sensu estricto; y, en todo caso, su complejidad viene determinada por su inoperancia. Esta tesis es, en apariencia dura, pero fácil de entender.

Las CCAA son un poder constituido que, en algún caso como el País Vasco y Cataluña, buscan ser un poder constituyente. Para ello deben lograr debilitar la potestas del Estado, es decir, deben conseguir debilitar el ejercicio del mando en su territorio. Esto en Cataluña se consigue mediante la desafección que se ha convertido en uno de los valores transversales de la educación, tanto en la escuela como en las familias. En el País Vasco, el método para debilitar esta potestas es la incorporación de Bildu a su asamblea legislativa, que se introduce de este modo en las instituciones; otra forma es el llamado concierto vasco, blindado constitucionalmente, que el PNV utiliza para justificar y conseguir un aumento desmedido de las competencias. Por último, mediante la irrupción en el Congreso y en el Senado de los partidos nacional-separatistas, estos logran impedir o dificultar el uso del poder jurisdiccional del Estado, legítimo y necesario para llevar a cabo su función de cohesión y solidaridad entre territorios. Tenemos un ejemplo reciente de cómo el propio PSOE asume esta peligrosa deriva de vaciamiento competencial (kenosis de la potestas) del Estado, cuando el ministerio de Fomento aprueba en el último consejo de ministros de septiembre de 2018 un real decreto{1} para ceder competencia estatal a las comunidades autónomas y municipios sobre la regulación de vehículos de transporte por conductor (VTC).

Vivimos en un Estado desconcentrado en el que parte de las atribuciones administrativas que son de su competencia pasan a las CCAA. Pero el caso es que la capacidad legislativa de la CCAA es simplemente un remedo (una mera imitación) de la capacidad administrativa del Estado que podría ejercerla perfectamente en ausencia de los poderes legislativos de los parlamentos autonómicos. ¿Qué aportan, entonces, las asambleas legislativas? En realidad nada, simplemente la imagen de una circunscripción territorial asociada a un espacio político acotado. Es aquí donde funcionan los mitos oscurantistas de los separatistas y de los nacionalistas que quieren convertir nubes, montes, ríos y aires en engendros meteorológicos y geológicos del propio territorio como si la orogénesis de Cataluña o del País Vasco fuera un acto milagroso al margen de la geología de los territorios colindantes.

La complejidad del estado autonómico viene determinada por su ineficacia. En primer lugar, cada comunidad autónoma, en sus actos legislativos, mimetiza al Estado, y no puede evitar el inventarlo de nuevo en cada ocasión en que entra en conflicto con el propio Estado o con otra Comunidad Autónoma con la que confronte intereses. Esta reinvención del Estado en el seno de una Comunidad Autónoma no constituye ni conforma un Estado nuevo sino una imagen imperfecta del propio Estado español al que las CCAA quieren fagocitar. En esta imagen imperfecta se diluyen dos ideas básicas muy queridas para el PSOE y los comunistas de Unidas Podemos: las ideas de igualdad y equidad. Puede ejemplificarse lo que digo con lo ocurrido al ser entregada a las CCAA la gestión de los parques naturales. El parque natural de los Picos de Europa se extiende por las Comunidades de Asturias, Castilla y León y Cantabria que se vieron obligadas a crear un consorcio para administrarlo, es decir, han necesitado inventar el Estado en la forma de consorcio (Wagner y Fuertes, 2011:16){2} tras una sentencia del Tribunal Constitucional que lejos de afianzar la presencia del Estado la diluyó entre las CCAA{3} por las que el parque natural se extendía.

Ahora bien, la desconcentración no es una operación inocua, dado que busca dejar al propio Estado sin territorio. La segunda consecuencia de esto es que el propio territorio se enfeuda mediante clases parasitarias asociadas a las diferentes familias políticas que lo único que hacen es ser clases extractivas de valor (sin aportar valor añadido alguno), bajo el amparo de unos poderes que nunca fueron constituyentes, representados por las asambleas legislativas de cada comunidad. Para poder dominar un territorio se necesitan señores feudales. Por eso, por ejemplo, es posible hablar de una democracia feudal en Orense de corte hereditario, ya en el nivel provincial, bajo el “enfeudamiento” de su Diputación Provincial. Hablar de una democracia enfeudada puede ser tan contradictorio como hablar de un capitalismo comunista en China. Conceptos que son aparentemente incompatibles pero que reflejan, sin embargo, una realidad tangible. La peor cara de este enfeudamiento lo encontramos en los Eres de Andalucía que son un claro ejemplo de robo sistemático de dinero público y de cómo se trasvasaron rentas públicas a los bolsillos de la clase censitaria del PSOE. E igual ocurrió y ocurre en Cataluña. Bástenos recordar las comisiones del 3% que enriquecieron a los Puyol y al partido de Convergencia i Unio. Pero nada de esto ha sido suficiente para que el electorado haya dejado de votar al PSOE o al PDCAT, el sucesor de Convergencia Democrática de Cataluña.

Al respecto de lo dicho, dicen Francisco Sosa Wagner y Mercedes Fuentes en su libro El Estado sin territorio:

Si nosotros contemplamos la realidad española actual podemos concluir que caminamos hacia una recuperación –inesperada, extemporánea– de un sistema parecido al feudal como consecuencia de la evolución que vive nuestro Estado autonómico especialmente desde 2004. Un sistema feudal con perfiles nuevos, pero en él se advierten rasgos del orden antiguo, caracterizado por el hecho de que, en él, el interés predominante del noble –señor territorial y hacendado– se dirigía al disfrute –sin tapujo alguno y en disputa con el rey– de su posición económica, social y política.

Cambiemos al noble por la barroca clase política autonómica y municipal actual y tendremos, cada vez de forma más visible, ese mismo proceso histórico [el feudalismo], ya enterrado, resucitando cada día entre nosotros en medio de espasmos intermitentes de frivolidad: de un lado, afianzamiento de la influencia política de los señores territoriales hasta donde permiten las combinaciones parlamentarias y los acuerdos coyunturales; de otro, apartamiento particularista –e insolidario– de la estructura común del Estado. El resultado es la creación de un poder que cada vez se parece más a la “autocracia principesca” (…).

El Estado surge históricamente con el fin de evitar las trabas feudales al comercio y a la expansión de la libertad burguesa, cuyo núcleo programático eran las villas fundadas por sus correspondientes cartas puebla. Pero es el caso que el sistema de CCAA reproduce esas trabas al no tener en cuenta los intereses generales (de ahí que atenten contra las ideas de igualdad y equidad) sino los particulares de las clases autonómicas parasitarias que también son censitarias porque están en la nómina de los censos electorales de los partidos políticos.

El nacionalismo egoísta e insolidario de vascos y catalanes se convierte en clave para la geometría variable de cualquier gobierno que quiera sacar adelante todos sus proyectos de ley. Los nacional-separatistas se venden, sin sonrojo, al mejor postor, a cambio de hacerse visibles para sus electores y a cambio de contrapartidas nada desdeñables que permiten a sus dirigentes mantenerse como clase política hegemónica, y diría que aristocrática, en sus respectivos feudos. No hay nada de noble en lo que hacen, y hay mucho de mezquindad en lo que piensan; viven de su propia miseria espiritual –con la inestimable ayuda de una serie de privilegios fiscales, en el caso vasco– que alimentan con la sublimación del idioma, un pasado mítico, un derecho a no sentirse españoles y un desasosegante victimismo que les hace estar en continua procesión reivindicativa. A los vascos y catalanes separatistas sería de aplicación el artículo X, de los Decretos de Agosto del revolucionario 1789 francés, que dice:

…todos los privilegios especiales de las provincias, principalidades, condados, cantones, ciudades y comunidades de habitantes, ya sean financieros o de cualquier otro tipo, quedan abolidos sin indemnizaciones, y serán absorbidos dentro de los derechos comunes de todos los franceses.

Este sistema autonómico es plenamente aceptado por el PP porque entiende que es un mito luminoso. Entiende que de proclamar otra cosa diferente perdería lo que ha venido a llamarse su suelo electoral o su viaje al centro. Pero si nos fijamos en los datos de estas elecciones generales, una buena parte de ese suelo electoral se ha ido a VOX.

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Resultados de las elecciones generales 2019 en Galicia

Ocurre otro tanto con la aceptación, por parte del PP, del statu quo referido al uso de la lengua como marca del territorio en el que se desenvuelven las clases censal-parasitarias de las que vengo hablando. Casado tuvo a bien recordar en su campaña que era necesaria una ley que pusiera a las lenguas vernáculas en su sitio respecto al español, lengua común del Estado. Pero se olvidó de mencionar que en la Galicia de Feijoo se aprobó una ley del empleo público (Ley 2/2015, de 29 de abril) que en su artículo 51 dice lo siguiente:

Artículo 51. Requisitos lingüísticos.

2. A efectos de lo previsto en este artículo, para dar cumplimiento a la normalización del idioma gallego en las administraciones públicas de Galicia y para garantizar el derecho al uso del gallego en las relaciones con las administraciones públicas en el ámbito de la Comunidad Autónoma, así como la promoción del uso normal del gallego por parte de los poderes públicos de Galicia, en las pruebas selectivas que se realicen para el acceso a los puestos de las administraciones públicas incluidas en el ámbito de aplicación de la presente ley se incluirá un examen de gallego, excepto para aquellas personas que acrediten el conocimiento de la lengua gallega de conformidad con la normativa vigente. Las bases de las convocatorias de los procesos selectivos establecerán el carácter y, en su caso, la valoración del conocimiento de la lengua gallega.

En las pruebas selectivas para maestros y profesores, la prueba de gallego es excluyente, de manera que quien no la supere quedará fuera del procedimiento selectivo (base novena, 9.3, de la orden del 21 de febrero de 2019, DOG 8 de marzo de 2019), vulnerando así el principio de igualdad de oportunidades para todos los españoles.

En la proclama de la Fundación FAES “La derecha de Sísifo”, se viene a decir dos cosas con las que no solo no estoy de acuerdo sino que, además, hierran en su análisis de lo que ha pasado con la derecha en estas elecciones. No es verdad que las esencias de la derecha o que la verdadera derecha sea la que represente el PP y menos cierto es que el problema estribe en la fragmentación del voto, es decir, en que VOX no se haya sumado cuantitativamente al PP. Nadie tiene porque unirse a aquellos a los que considera que no le representan. Es muy posible que el PP sea una nueva socialdemocracia de corte liberal que solo se diferencie del PSOE en sus orígenes históricos o en su permanente viaje hacia el centro. Es posible. Pero la esencia de un proyecto no puede resolverse en coordenadas puramente pragmáticas apelando, por ejemplo, al voto útil.

La fragmentación de la derecha es consecuencia de un proceso implosivo en el que el PP se ha convertido en un partido pragmático, con una gran capacidad para acomodarse a las clases extractivas de valor autonómicas, olvidando que el Estado es Estado porque ejerce una soberanía clara, e histórica, sobre todo el territorio, sin excepciones. De no haber olvidado lo que es la potestas de un Estado, su esencia, hubiera aplicado –cuando tuvo mayoría absoluta– el 155 sine die en la comunidad autónoma de Cataluña, cerrando la TV3, sin miedo alguno y sin complejos. Esto hubiera supuesto cambiar la ley de partidos, poniendo fuera de la misma a aquellos que propugnan el separatismo-independentismo. Y esto hubiera supuesto, también, una ley electoral que impidiera que los partidos de ámbito autonómico puedan llegar a convertirse en la llave que ponga o deponga los gobiernos de nuestra nación. Mi pregunta a la Fundación FAES es si, para ella, esto suma, en el ámbito esencial, que no en el cuantitativo; porque si el PP no hizo todo lo anterior cuando podía, qué es lo que pretende hacer cuando, como ahora, ya no tiene modo de llevarlo a cabo.

La conclusión de todo esto no es muy halagüeña: a los partidos políticos mayoritarios no les importa saber por qué les votan, lo único que quieren es que les votemos. Las estrategias para que esto último ocurra pueden ser variadas, pero tienen que ser simples y fáciles de manejar para que lleguen con facilidad a la masa indiferenciada de los posibles votantes. El uso de lo políticamente correcto permite al PSOE –a pesar de los apoyos que han sostenido su gobierno– calificar de extrema derecha a VOX. Pero no hemos de olvidar que en 1934, el PSOE acusaba de “fascistas” a la CEDA, y no eran otros que ellos, los socialistas, los que ejercían violencia sobre ella, tratando de negarle sus derechos políticos legítimos. Como señalaba el veterano socialista Julián Besteiro [¿Por que la República perdió la guerra? Stanley G. Payne, 2010, p.34.] el PSOE tenía más características de una organización fascista que la propia CEDA a la que acusaban de tal.

El PP, con tal de no identificarse con un concepto tan denostado, como es el de extrema derecha, ha empezado a tirar lastre ideológico para seguir siendo lo que hasta ahora ha sido: una derecha con una ideología difusa, es decir, una socialdemocracia de corte liberal en donde el Estado está al servicio de las minorías independentistas. Pero esto ya lo era con Rajoy, es decir, con Rajoy el PP ya había hecho su viaje al centro, ese del que tanto hablan ahora en la ejecutiva del PP. No se ha de olvidar que fue expulsado del poder por una moción de censura y sin haber perdido unas elecciones que iba ganando con cierta holgura a pesar de todos los escándalos de corrupción. El PSOE ha demostrado con creces que la corrupción no es argumento suficiente para que no te voten, así que cabe concluir que el PP ha sido una víctima más del PSOE, no de VOX.

Notas

{1} https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/29/pdfs/BOE-A-2018-13179.pdf

{2} Sosa Wagner, Fancisco y Fuertes, Mercedes (2011), El Estado sin territorio. Cuatro relatos de la España autonómica, Marcial Pons.

{3} STC 306/2000, de 12 de diciembre, que resuelve el conflicto de competencias suscitado por las Comunidades de Cantabria y Castilla y León contra el RD que aprueba el Plan de ordenación de los recurso naturales del Parque nacional de Picos de Europa. [http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/4290].

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