Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org
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El Catoblepas • número 89 • julio 2009 • página 17
El fenómeno del revisionismo histórico en España ha alcanzado unos niveles de promoción y difusión elevados en algunos sectores de la población, sin que exista el rigor exigible en sus publicaciones para que se le pueda dar la categoría de científicas. De esta manera se adultera la realidad histórica, mientras desde esos escritores y publicistas, que no historiadores, y quienes les siguen se menosprecia interesadamente el trabajo de quienes realizan una labor encomiable y rigurosa para conocer más de la historia de los últimos 75 años.
Hace cuatro años leí dos artículos sobre Franco y el franquismo, publicados en el número 45 de esta revista, cuyos autores, Juan Manuel Rodríguez Pardo («Franco, treinta años después») y Felipe Giménez Pérez («Franco»), son miembros del equipo de redacción. Me quedé sorprendido no tanto por lo que habían escrito, que ya en sí llamaba la atención, como por los argumentos dados para embellecer la figura de Franco. Al poco tiempo elaboré un escrito de réplica que, por distintas razones, no envié. Ahora lo hago, sin que haya variado nada de lo que escribí.
En torno al revisionismo histórico de la España franquista
El revisionismo histórico existente en España en torno a los periodos históricos de la Segunda República, la Guerra Civil, el Franquismo y la Transición, es decir, de los últimos 75 años, es un fenómeno muy curioso por lo que tiene de presentismo y, como consecuencia, de justificación de determinadas actuaciones políticas en nuestros días, que, en el caso que nos ocupa, se corresponden con posiciones políticas conservadoras. Se trata de un fenómeno editorial protagonizado por un número (reducido) de profesionales de la escritura histórica, que han alcanzado un gran éxito de ventas en sus libros, en gran medida porque disponen de un gran apoyo de determinados medios de comunicación y de un público presto a leer lo que escriben. Podemos destacar entre ellos a Pío Moa, César Vidal y Ángel David Martín Rubio{1}, herederos del octogenario Ricardo de la Cierva y, con él, de los propagandistas del franquismo. Para ello no han reparado en utilizar a su antojo las fuentes en las que se han apoyado, muchas de ellas, además, provenientes de propagandistas de los años de dictadura; en repetir hasta la exasperación los mismos argumentos, como si de un guión preestablecido se tratara, en cada uno de los libros; en aportar poquísimas pruebas acerca de sus argumentos; en interpretar parcial o erróneamente los datos; y, por último, en desechar las numerosísimas investigaciones realizadas y sus conclusiones (no todas, como se dice despectivamente, por «los historiadores profesionales de las universidades») que desmontan el discurso propagandista de los propagandistas de la dictadura y sacan a la luz la política de tierra quemada contra personas y documentos (es decir, contra la memoria) que se llevó a cabo desde el régimen franquista{2}.
Se trata de obras, las de estos historiadores revisionistas, que han puesto patas arriba, dando un giro de 180 grados, a interpretaciones históricas consistentes y bien asentadas, bastante documentadas y en proceso de investigación que están permitiendo más aportaciones y conocimiento, con frecuencia desde las mayores dificultades, lo que supone de hecho una heroicidad personal y científica{3}. Obras también, las de los historiadores revisionistas, que siguen insistiendo en negar, por ejemplo, lo ocurrido en Guernica{4}, en Badajoz{5} o con García Lorca{6}, o en minimizar la represión del bando sublevado durante la guerra y durante el régimen franquista, cuando no hacer un panerígico de Franco y su régimen, hasta el punto de convertirlos de hecho en algo así como protodemócratas. Obras, en fin, las de estos historiadores, que buscan relacionar el pasado y el presente de una forma ahistórica y malintencionada sobre grupos y personajes de hoy, a los que, en mor de la lucha política actual, conviene desprestigiar, como los casos del PSOE o de Carrillo{7}.
Prefiero, no obstante, centrarme en mi interpretación histórica de los periodos relacionados con la figura de Franco como político y gobernante, para, de esta manera, intentar aclarar el fondo de los comentarios hechos en el artículo antes citado.
La II República
Durante la dictadura del general Franco fuimos instruidos en el odio a la IIª República, periodo donde –nos decían– se habían acumulado todos los males y demonios de nuestra historia. Tenía su lógica, porque este país fue ahogado en sangre durante la Guerra Civil y su postguerra. Sin embargo, mucha gente es consciente de lo que ocurrió durante esos años, como si ese ejercicio de amnesia colectiva pudiera liberarnos del fantasma que inventó el franquismo. Las movilizaciones de importantes sectores de la población tras las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, donde los partidos monárquicos sufrieron una clara derrota política (sólo ganaron en el mundo rural, paraíso de los caciques, que decidían sobre el destino y voto de la gente), hicieron que el día 14 naciera la IIª República española, dejando atrás la dictadura surgida en 1923 y la larga etapa de corrupción de la restauración borbónica. Que por segunda vez en nuestra historia la jefatura del estado (la primera tuvo lugar en 1873) fuese elegida y no perteneciera al privilegio de una familia, ya era de por sí un gran avance. Como también lo fue que la Constitución aprobada en octubre de 1931 estructurara el primer régimen político democrático habido en nuestro país. Con la posibilidad de dotarse de estatutos de autonomía por los distintos territorios se abrió el camino de una descentralización política y administrativa (Cataluña aprobó su estatuto en 1932; el País Vasco, en 1936; Galicia, que lo había plebiscitado, no pudo aplicarlo por la guerra civil; en Andalucía se elaboró un anteproyecto...). El voto de las mujeres fue una novedad, lo que, unido a otros reconocimientos civiles y políticos (igualdad jurídica de ambos sexos, divorcio, etc.), permitió su acceso a la vida pública (trabajo, política, educación, universidad, etc.) en unos niveles sin precedentes hasta entonces. La formación de un estado laico se expresó en la libertad de culto, en que la educación pasase a ser sobre todo una tarea pública, en el reconocimiento de los matrimonios civiles, etc., limitando los privilegios que la iglesia católica había tenido desde siglos. En el fuerte impulso que la educación tuvo, son claras muestras la construcción de numerosas escuelas, la introducción de la coeducación o el fomento de las bibliotecas. La legislación laboral posibilitó importantes avances en materia de jornada (ocho horas), enfermedades, accidentes, contratos, vacaciones (una semana), etc. No se trata de mitificar un periodo histórico que, por otra parte, fue mucho más complejo. Porque las fuerzas políticas que posibilitaron las reformas antes señaladas (republicanos de izquierda y socialistas) no fueron capaces de satisfacer otras necesidades, como fue el caso de la reforma agraria, insuficiente en su aplicación, pero también en su planteamiento. Amplios sectores populares querían más (querían la revolución, por qué no decirlo), bajo la influencia sobre todo del anarcosindicalismo, pero también de socialistas y comunistas. Hubo sectores republicanos conservadores que se decantaron por las clases sociales adineradas frente a las más humildes. Buena parte de la burguesía, especialmente la agraria, los grupos monárquicos, sectores militares o la jerarquía de la Iglesia Católica –lo que Manuel Tuñón de Lara denominó en su día como el bloque de poder de la Restauración- desde el primer momento hicieron todo lo posible por acabar con la República, defendiendo unos intereses forjados en décadas –y también en siglos– basados en los privilegios sociales, la manipulación política, el oscurantismo cultural o la explotación económica.
Contradicciones y paradojas de la II República
El periodo resulta enormemente controvertido por la intensidad con que se vivieron esos años y las secuelas que dejó después de la Guerra Civil. Dos aspectos se pueden diferenciar. El primero deriva del intento por democratizar la vida política y desarrollar unas medidas socioeconómicas que acabaran con los graves problemas derivados de las décadas anteriores, en especial el problema agrario. El segundo aspecto deriva de su fracaso. Esto último ha hecho que, dentro de la historiografía, se haya tendido a simplicar en exceso lo ocurrido como una lucha entre derecha e izquierda, revolución y orden, progreso y reacción, reformismo y contrarrevolución, república y monarquía, etc. Las actuaciones de los distintos gobiernos tendieron a ser reformistas entre los gobiernos de izquierda o a frenar y derogar buena parte de dichas reformas entre los gobiernos de derecha. Convendría hacer algunas matizaciones, no obstante. Hubo reformas que continuaron durante el segundo periodo (alguna, educativa, como el nuevo bachillerato; hasta determinado momento, la reforma agraria), en ocasiones se tomaron posturas en contra de los propios principios (la postura de los partidos republicanos de centro y de izquierda contraria al sufragio femenino), la propia derecha marginó a quienes proponían medidas, en su ideario, demasiado avanzadas (la CEDA con Giménez Fernández)... Fue la movilización de las gentes lo que reflejaría posiblemente mejor el clima existente. Por ejemplo, en el caso de la reforma agraria, la lentitud en su aplicación generó una gran decepción entre el campesinado afectado, que le llevó, auspiciado por grupos políticos obreros, a ocupar frecuentemente las tierras o a enfrentamientos con los propietarios o fuerzas del orden. En el caso del trato a la Iglesia, bien por los ataques directos de sectores de población (quema de iglesias) o bien por las medidas del gobierno, una buena parte de personas católicas lo vio como una agresión a sus valores tradicionales. En cuanto a la CNT, dada su implantación e influencia, era un grupo que, por principios, estaba en contra de la República y desde que estuvo controlada por la FAI y expulsó a los treintistas (en el mismo 31), apostó claramente por la acción revolucionaria, llegando a organizar varias insurrecciones.
A lo antes dicho habría que añadir los cambios que sufrieron algunos grupos. El PSOE aumentó su división interna desde 1933, a la vez que el ala de Largo Caballero, que llegó a controlar al sindicato UGT y las juventudes, se radicalizó hasta el punto que propugnó la revolución socialista. El PCE pasó de un extremismo inicial a propugnar la unidad de la izquierda en su conjunto, moderando su mensaje revolucionario, pero no el antifascista. La CNT, golpeada por sus fracasos insurreccionales, llegó a tolerar implícitamente el apoyo a las candidaturas del Frente Popular. Entre la derecha, el crecimiento electoral y en afiliación de la CEDA llevó a que, dentro de la pluralidad de tendencias que coexistían en su seno, fueran ganando terreno las posiciones fascistas o cuasi fascistas, sobre todo en sus juventudes.
En algunos momentos se dieron casos contradictorios, cuando no paradójicos. A modo de ejemplos: la ley de reforma agraria, apoyada en las Cortes por la mayoría de partidos republicanos, excepto los agrarios, y cuya aplicación fue tardía y limitada, a lo que no fueron ajenas, en cuanto al retraso, las indecisiones del PSOE en 1931 (se opusieron a un proyecto más radical que el aprobado finalmente, éste último, es verdad, aprobado en la coyuntura especial del golpe de Sanjurjo). Durante 1934, con gobiernos de centro-derecha, se llevó a cabo el mayor número de asentamientos campesinos, si bien hay relacionarlo con la preparación que en el año anterior se había hecho, hasta que la reforma fue paralizada y finalmente contrarreformada. El anticlericalismo era más propio de sectores de republicanos (radicales y de izquierda) y anarquistas, aunque el partido radical se alió con la CEDA desde 1933. Lo del voto de las mujeres, que contó con la oposición de partidos y personas que votaron en contra de sus principios (los republicanos radicales y de izquierda), tuvo una buena dosis de temores más irracionales que reales hacia las mujeres (aducían que no era el momento oportuno, dado que las mujeres estarían influidas por la Iglesia). Los grupos monárquicos de derecha, por el contrario, apoyaron el voto femenino, si bien en las décadas anteriores habían hecho gala de una alta misoginia. La derecha y una gran parte del ejército, por su parte, que tenían en la idea del orden uno de sus pilares ideológicos, veían con frecuencia, como una obsesión, un mayor peligro en la influencia de la masonería que en otros factores, a pesar de que la filas de los militares sublevados contaron con masones.
La Guerra Civil
Fue un periodo histórico corto, pero intenso, donde confluyeron simultáneamente varias realidades: los restos que quedaban del periodo inmediato anterior; el naciente nuevo estado que caracterizará la larga época del franquismo; y unas experiencias históricas que, aunque efímeras, han hecho de nuestro país una referencia internacional por sus realizaciones. La división profunda de la sociedad española estalló durante estos tres años de guerra en un contexto internacional tenso y bipolarizado. El sueño reformista de la IIª República quedó atrás y dio paso a dos formas de entender el mundo contrapuestas, el de las dos Españas. Una de ellas, la perdedora, heterogénea, hundía sus raíces en amplios sectores populares y dos ideologías (la anarquista y la marxista) que le sirvieron desde el siglo anterior para luchar por su dignificación humana. La otra, la vencedora, recogía buena parte de las tradiciones más o menos lejanas (sociales, políticas, militares, religiosas), pero se embadurnó de las nuevas doctrinas antiliberales y autoritarias del momento. Por último, hay quien ha hablado también de una tercera España, minoritaria, de sectores intelectuales y de la burguesía liberal{8}.
El plan organizado por el general Mola desde Pamplona se puso en marcha el 17 de julio, cuando los regimientos ubicados en el norte de Marruecos se sublevaron contra el gobierno. En los días siguientes fueron pronunciándose en las capitales de provincia los militares involucrados en el golpe: Mola (Pamplona), Fanjul (Madrid), Goded (Palma de Mallorca), Queipo de Llano (Sevilla) y Cabanellas (Zaragoza). Franco viajó el día 19 desde las islas Canarias hasta Tetuán, poniéndose al frente de las tropas en Marruecos. El objetivo era formar un directorio militar presidido por el general Sanjurjo. En donde triunfó el golpe se impuso la ley marcial y se ilegalizaron los partidos y los sindicatos. Pese a la muerte de Sanjurjo, el 23 de julio se formó en Burgos la Junta de Defensa Nacional, presidida por Cabanellas y con Mola como hombre fuerte. La reacción inicial del gobierno, presidido por Martínez Barrio, fue de una gran pasividad, intentando neutralizar el golpe con el apoyo de militares fieles. La reacción popular no se hizo esperar, sobre todo donde la presencia de los grupos obreros (PSOE, PCE, POUM, CNT y UGT) era más activa, es decir, las principales capitales y las áreas minero-industriales. El día 19 Giral, nuevo jefe de gobierno, cedió ante la presión popular para la entrega de armas, lo que resultó decisivo para el fracaso de los objetivos iniciales de los militares sublevados. La movilización popular hizo que capitales tan importantes como Barcelona y Madrid quedaran bajo el gobierno republicano, aunque fracasó en otras, como Sevilla, Zaragoza, Córdoba, Granada u Oviedo. Fracasado el golpe el país quedó dividido en dos zonas, desarrollándose a lo largo de tres años un enfrentamiento bélico.
Las transformaciones económicas, sociales y políticas durante la Guerra
La división geográfica, que recuerda a los versos de Antonio Machado («una de las dos Españas / ha de helarte el corazón»), estuvo acompañada de modelos políticos, sociales y económicos muy diferentes. Se puede decir que si la sublevación militar se justificó como una medida de precaución contra una revolución en marcha{9}, lo cierto es que lo que provocó finalmente fue una verdadera revolución en los territorios fieles a la República. En el caso del bando sublevado se restauró el poder social de la vieja oligarquía bajo la dirección política de los jefes militares. También hubo grupos y personas que, según el momento, no optaron por ninguno de los bandos, siendo la salida del país o el silencio durante la guerra la respuesta que dieron, de ahí que se hable, como ya hemos aludido, de una tercera España.
El bando republicano formalmente mantuvo sus instituciones (Cortes, gobierno central, gobiernos autónomos de Cataluña y el País Vasco, etc.), aunque su autoridad efectiva varió según el momento. La gran diversidad de grupos que lo apoyaron (republicanos de izquierda, nacionalistas catalanes y vascos, socialistas, anarquistas, comunistas prosoviéticos y comunistas disidentes), tenían en común el antifascismo, manteniéndose la pluralidad política. Durante las primeras semanas de guerra la influencia del gobierno central fue mínima, estando el poder en manos de los numerosos comités que surgieron en cada localidad y que estaban controlados sobre todo por los partidos obreros y sindicatos. Estos comités organizaron las primeras resistencias frente a los sublevados, desarrollaron una tarea depuradora contra los enemigos internos (fascistas, derechistas y clero) y reorganizaron la economía colectivizando numerosas propiedades. El gobierno que formó en setiembre de 1936 el socialista Largo Caballero, compuesto por todas las tendencias, incluida el anarquismo, fue el inicio de una nueva etapa que buscaba recuperar la autoridad política, pero conservando los cambios revolucionarios. El estado nacionalizó la banca, la industria de guerra y el comercio exterior, mientras que las colectivizaciones de tierras, industrias y servicios variaron según el grupo que predominara. Se extendieron en Cataluña y el este de Aragón, donde era mayor la influencia anarquista, o en Jaén, por el ala radical del PSOE. En el resto de territorios se optó por el reparto de tierras y la protección de la pequeña propiedad, contando con el apoyo del PCE (el ministro de Agricultura era de ese partido), el ala moderada del PSOE y los grupos republicanos, incluido el gobierno catalán. De esta manera desapareció la gran propiedad privada, conviviendo un sector de pequeña propiedad y otro de propiedad estatal o colectiva. En el País Vasco (en realidad, Vizcaya) fue diferente, dado que la mayor influencia del PNV hizo que apenas se dieran colectivizaciones.
Las diferencias entre los grupos escondían estrategias de guerra diferentes: una era la de priorizar la revolución para ganar la guerra (defendida por casi toda la CNT, el ala radical del PSOE y el POUM); otra, priorizar la guerra para poder avanzar en la revolución (PCE/PSUC y un sector de la CNT); por último, los republicanos de izquierda querían mantener las conquistas del periodo 1931-33. En el mes de mayo de 1937 tuvo lugar en las calles de Barcelona un enfrentamiento entre los partidarios de las dos primeras posturas que se saldó con la victoria de los segundos (el POUM fue responsabilizado, sufrió una dura persecución), dando lugar a la formación de un nuevo gobierno, dirigido esta vez por el socialista moderado Juan Negrín. A partir de ese momento la autoridad del gobierno central fue mayor, para lo que contó con el apoyo del PCE/PSUC, pero dio lugar a un progresivo desencantamiento de importantes sectores de la población, tanto los influidos por los grupos más radicales como por los más moderados.
A medida que las ofensivas militares republicanas fueron fracasando y el desánimo fue aumentando, el gobierno de Negrín se centró, primero, en lograr una paz negociada (los «13 puntos», en abril de 1938) y, finalmente, en la resistencia hasta hacer coincidir la guerra española con la que se avecinaba en Europa. La pérdida de Cataluña originó la dimisión de Azaña como presidente de la República y la marcha del general Rojo, y tuvo como momento culminante en marzo de 1939 con la sublevación contra el gobierno del coronel Casado y la formación de un Consejo Nacional de Defensa (integrada por militares, anarquistas y socialistas), que buscaron una «rendición honrosa». Esta acción, sólo respondida por las unidades militares controladas por el PCE, no hizo más que precipitar la derrota republicana. Las cárceles, los fusilamientos o el exilio fueron el destino de las personas que defendieron la república.
En el bando sublevado los objetivos iniciales que se marcaron sus jefes coincidieron únicamente en la asunción del poder por los militares y la persecución de quienes formaban parte de los grupos de izquierda. Entre ellos diferían en el tipo de gobierno, de manera que, por ejemplo, Mola quería una dictadura militar; otros dependían de sus orientaciones políticas: republicanos (Cabanellas, Queipo de Llano), alfonsinos (Kindelán), carlistas (Varela), falangistas (Yagüe)...; y no faltaban quienes, como Franco, aunaban una amalgama de influencias de tipo conservador, ultranacionalista, monárquico, anticomunista, etc. Algo parecido ocurría con los apoyos políticos recibidos: monárquicos alfonsinos (CEDA, RE), carlistas y falangistas. Los jefes militares asumieron la autoridad plena, pero permitieron que la Iglesia Católica (en lo ideológico) y la vieja oligarquía (en lo social y económico) recuperaran el dominio alterado durante los años anteriores. La dura represión que desarrollaron (a cargo del ejército, fuerzas del orden y patrullas de falangistas) no sólo estuvo dirigida contra aquellos sectores políticos considerados enemigos, sino que tuvo una contenido ejemplarizante, afectando más a algunos colectivos sociales que por su beligerancia o influencia social pudieran generar peligro (jornaleros, obreros industriales, maestros, etc.).
El nombramiento del general Franco en setiembre de 1936 como máxima autoridad militar (generalísimo) y jefe de gobierno resultó decisivo. A lo largo de la guerra fue consolidando su poder, ayudado por sus éxitos militares, pero también por el apoyo militar que le prestaron desde el principio Alemania e Italia, y la Iglesia Católica, que caracterizó la guerra como una cruzada. A su alrededor Franco fue consiguiendo un grupo de adeptos como base política de un proyecto a largo plazo, producto de lo cual fue la unificación en abril de 1937 de los grupos más combativos (falangistas y carlistas) en la FET de las JONS, de la que asumió su jefatura. Las medidas tomadas durante los tres años de guerra por la Junta Técnica, primero, y desde 1938 el gobierno como tal fueron sentando las bases de un régimen que duró cuatro décadas. Unas dieron satisfacción a sus apoyos sociales, como la devolución de las tierras de reforma agraria de 1936 o la recuperación de las competencias de la iglesia sobre la sociedad (matrimonio, enseñanza, etc.), y otras estuvieron influidas por los regímenes fascistas, como la intervención del estado en la economía (industria, precios) o el Fuero del Trabajo de 1938, que establecía una regulación corporativa de las relaciones laborales.
Los aspectos internacionales de la Guerra
Ninguno de los dos bandos fue ajeno al apoyo recibido desde otros países y a los intereses de las potencias. El contexto internacional estaba siendo condicionado por un gobierno nazi alemán que estaba iniciando el rearme y amenazaba con la expansión territorial, y el temor franco-británico a que se alteraran las bases del tratado de Versalles. Fracasado el golpe militar, desde el principio de la guerra cada bando buscó los recursos necesarios para fortalecerse, basándose sobre todo en las afinidades políticas, aunque los resultados, por desiguales, fueron de gran importancia. Mientras los sublevados consiguieron el apoyo alemán e italiano sin grandes dificultades, las autoridades republicanas sólo lo recibieron de la URSS, sufriendo la neutralidad francesa y británica. El gobierno conservador británico se negó a intervenir a favor del bando republicano por las pocas simpatías hacia el curso revolucionario que siguió y temerosa de una reacción negativa de Alemania. El gobierno francés, pese a su orientación de centro-izquierda, siguió los mismos pasos. Entre los dos países formaron en setiembre de 1936 un Comité de No Intervención.
Italia envió tropas de infantería, que llegaron a alcanzar un total de 70.000 soldados, interviniendo con desigual éxito: fracasaron en Guadalajara, pero fueron decisivos en la toma de Málaga. La ayuda alemana tuvo un carácter más cualitativo y fue más importante. Estuvo compuesta de armamento, asesores militares y aviones, que intervinieron con eficacia y experimentando, en el caso de la conocida legión Condor, los bombardeos sobre la población civil, un método que luego emplearía durante la guerra mundial. Los apoyos a los sublevados se completaron con el gobierno portugués, que impidió que los partidarios de la república se refugiaran en su país, y de algunas compañías de EEUU, como el caso de Texaco, que suministró petróleo.
El bando republicano encontró en la URSS la ayuda negada por los gobiernos francés y británico. El apoyo soviético se materializó en armas y asesores militares, pero sirvió también como una vía de influencia en la sociedad. Stalin intentó que la situación interna en el bando republicano no se radicalizase y mostrara una faceta democrática{10}. Así se entiende el papel jugado por el PCE. Cuando en agosto de 1938 Francia y Gran Bretaña cedieron en el pacto de Munich a las demandas alemanas de apropiarse los Sudetes, la URSS redujo su ayuda. Tampoco deben menospreciarse los miles de voluntarios de otros países (unos 40.000), reclutados en su mayoría por la Internacional Comunista, que llegaron a España para luchar contra el fascismo, formando las Brigadas Internacionales.
Al final de la guerra el gobierno de Negrín buscó que el conflicto español se uniera al que se avecinaba de ámbito europeo, dado el cariz que iban tomando los acontecimientos internacionales (anexión por Alemania de Austria y los Sudetes en 1938) y la pasividad francesa y británica. El intento fue, sin embargo, infructuoso, porque ya en febrero de 1939, antes de que las tropas sublevadas entraran en Madrid, el gobierno de Franco empezó a ser reconocido por quienes en el verano de 1936 negaron su ayuda a la IIª República española.
A vueltas con Franco y el franquismo
Franco murió hace más de 30 años, pero su figura y su régimen son motivo en estos meses de recuerdo y, en cierta medida, de debate, lo que está dando lugar a que los medios de comunicación, revistas de Historia y editoriales hayan puesto en circulación programas, colecciones y demás, aprovechando ese interés que existe en la sociedad por lo histórico. Curiosamente hace unos años Franco fue también motivo de debate en Italia, cuando algunos periodistas (los Romano, Montanelli...){11} negaron en ese país que Franco y su régimen fueran fascistas, a la vez que lo presentaban como la primera muestra de contención del comunismo, minimizando los costes humanos habidos. Tesis, desde luego, nada original, pues fue la preferida por los sublevados contra la IIª República al poco de empezar la guerral, y perfeccionada y oficializada sobre todo desde 1945, cuando el propio Franco y sus más fieles, temerosos ante la victoria de los aliados en la guerra mundial, se aprestaron a lavar la cara del régimen, eliminando los saludos fascistas que hasta los obispos habían hecho uso, dejando a los falangistas en un lugar menos visible o aprobando un Fuero de los Españoles a modo de pseudoconstitución.
A todas estas opiniones, ideas o argumentaciones se podría contestar en una doble dirección. Una, relacionada con lo que sabemos desde la investigación histórica, que no es poco. Sabemos que los distintos sectores del régimen, de su reparto de tareas (militares, en la represión y seguridad; falangistas, en los sindicatos; carlistas, en la justicia; católicos, en la educación...) y de su evolución en relación a las circunstancias históricas (mayor presencia falangista hasta 1945, nacional-catolicismo siguiente y protagonismo de los tecnócratas del Opus desde 1959){12}. Sabemos de la habilidad de Franco para neutralizar las familias entre sí y utilizarlas según el momento con el fin de prolongar su poder y su régimen, pero también sabemos de las dificultades por las que pasó en los primeros años con los militares sobrevivientes de mayor graduación{13} (Kindelán, Orgaz, Varela, etc., que le eligieron Generalísimo en 1936, pero no dictador perpetuo) y sobre todo cuando al acabar la guerra mundial sufrió un aislamiento internacional que fue superado en 1951 cuando los EEUU vieron en el régimen un aliado barato frente a la URSS (recuérdense, si no, las cuatro bases militares que se instalaron en nuestro suelo, incluidas las de suelo andaluz de Rota y Morón). Sabemos del papel que jugaron los monárquicos alfonsinos, engañados unos pocos por una restauración que no llegaba, pero oportunistas en su mayoría, que no dudaron en obtener puestos y prebendas mientras con la boca chica o en vacaciones se acordaban de un don Juan instalado en Estoril y se encargaban de educar como príncipe y sucesor de Franco a su hijo Juan Carlos. Sabemos de la responsabilidad de la Iglesia Católica{14}, parte del mismo régimen, al que legitimó desde el principio de la guerra, y del que al menos en sus postrimerías empezó a desprenderse. Sabemos, en fin, quiénes fueron los grandes beneficiarios, quienes, partiendo de la recuperación de la hegemonía social y económica por parte de la vieja oligarquía de terratenientes, banqueros y grandes industriales (amenazada durante los años de la República), fueron incrementándose con los años mediante las aportaciones de las nuevas capas de ricos (falangistas, estraperlistas, opusdeístas), provechosos de la sempiterna corrupción, y que culminaron en los años del desarrollismo de los 60.
¿Y quiénes salieron perdiendo? Entramos así en el segundo de los dos caminos apuntados en esta explicación. Descafeinar al dictador y su régimen resulta insultante para quienes los sufrieron. Recuerda a quienes minimizan, e incluso llegan a negar, el holocausto cometido por los nazis. ¿Qué pueden decir las personas fusiladas, encarceladas, torturadas, depuradas, exiliadas o humilladas después de acabada la guerra en 1939 por el delito de ser rojas o familiares? ¿Qué pueden decir las personas que desde el principio arriesgaron su vida para ayudar a compañeros o familiares, o combatir al régimen? ¿Qué pueden decir quienes no habiendo vivido la guerra se fueron sumando a la lucha por restablecer las libertades y la democracia desde su puesto de trabajo o lugar de estudio? ¿Qué dirían las personas muertas que se llevaron a la tumba el horror y el sufrimiento? Sabemos bastante de la política de represión y de venganza desarrollada durante los primeros años{15}, pero falta saber más. Sabemos que el régimen supo hacer desaparecer desde el principio documentos, lugares y personas que podían ser motivo de prueba en su contra. Que actuaron contra la memoria histórica no sólo para falsificarla, cuando lo hicieron, sino también para hacerla desaparecer, como hicieron tan frecuentemente. Falta mucho por saber de la represión de los años intermedios y últimos del régimen{16}, represión que, aunque no era la terrorífica de la postguerra, siguió existiendo durante la agonía de Franco en el otoño de 1975. Y es que hay opiniones que, por falsas, duelen mucho.
La Transición
El tema de la Transición volvió hace unos años a nuestra cotidianeidad a través de libros, vídeos, coleccionables de periódicos, documentales o debates, con motivo de determinados aniversarios, ofreciéndonos algo que parecía desconocido por muchas personas, olvidado por otras tantas, presente por las menos e incluso escondido por unas pocas interesadas. Ahora, al hilo del treinta aniversario de la muerte de Franco, no han faltado alusiones frecuentes a sus orígenes, como no faltan testimonios de protagonistas de la época que se suman a los méritos.
Se ha repetido el carácter ejemplar que tuvo y destacado la figura del rey, considerado poco menos que artífice de la misma. Bien es verdad que no ha faltado resaltar un hecho trascendente: los cambios en la sociedad española desde los años sesenta, que dieron lugar, entre otras cosas, a un desarrollo de las clases medias. Pero recordemos algunos hechos: 1967, nombramiento de Carrero Blanco{17} como jefe de gobierno; 1969, designación de Juan Carlos como sucesor de Franco a su muerte; 1973, muerte de Carrero Blanco tras un atentado de ETA; 1974, enfermedad de Franco, y formación por la oposición de la Junta Democrática{18} (en el 75, la Plataforma de Convergencia Democrática{19}); 1975, muerte de Franco en noviembre y proclamación de Juan Carlos como rey; 1976, nombramiento de Adolfo Suárez como presidente de gobierno y aprobación de la ley para la Reforma Política; 1977, legalización del PCE, celebración de elecciones y firma de los Pactos de la Moncloa{20}; 1978, aprobación de la Constitución.
Dando a todo esto un poco de sentido, parece evidente que los planes de sucesión iniciales de Franco se trastocaron con la muerte de Carrero y que su enfermedad obligó a un replanteamiento del futuro entre los franquistas, algunos de los cuales diseñaron una tibia apertura (Arias Navarro y su "espíritu del 28 de febrero"). La oposición democrática a su vez creó organismos unitarios (de ámbito estatal y en las nacionalidades) e intensificó las actividades y movilizaciones (la demanda de amnistía, libertad, un gobierno provisional o restablecimiento de estatutos de autonomía era lo normal), acompañado de una conflictividad laboral que perseguía libertad sindical y mejoras salariales. La respuesta a todo esto por el régimen fue clara: apaleamientos, detenciones, torturas, multas e incluso muertes. La muerte de Franco aceleró los movimientos aperturistas entre los franquistas, que se dividieron en reformistas e inmovilistas, y la oposición, que incrementó las movilizaciones y se unió en torno a Coordinación Democrática. El nombramiento de Adolfo Suárez{21} fue clave en la transformación legal del régimen franquista hacia otro de libertades (ley para la Reforma Política{22}), pero, sobre todo, en la búsqueda de un acuerdo con la oposición, a la que dividió neutralizando primero al PSOE, nacionalistas catalanes y democristianos, y finalmente al PCE. Se consumó de esta manera la ruptura pactada{23}, que permitió las primeras elecciones libres desde 1936 (ganadas en minoría por los franquistas reformistas de la UCD y Suárez){24} y que se consagró en los Pactos de la Moncloa y la Constitución: partidos políticos, sindicatos, libertades y autonomías serían sus resultados... Pero también se conservaron intactos viejos poderes e instituciones del franquismo (y de otros tiempos) como la monarquía, el ejército{25}, la policía o la banca.
Las elecciones del 15 de junio de 1977
Ese día contendieron numerosos partidos, alianzas y agrupaciones electorales. Unos cuantos partidos arrancaron, sin embargo, con ventaja. Los dos principales de la derecha (UCD y AP), porque venían del régimen y el primero, además, disponía de hecho del gobierno. Otros, además del dinero, al haber sido legalizados con anterioridad, amén de la tolerancia que habían gozado desde años antes, como ocurrió con el PSOE o el PSP. El primero había celebrado su congreso en diciembre 1976{26}. El propio PCE fue declarado legal en abril{27}, sólo dos meses antes, tras grandes dificultades, bajo la amenaza de una intervención militar y a costa de unas renuncias importantes (reconocimiento de la monarquía y de su bandera). Hubo varios partidos, de la izquierda radical, que no estaban todavía legalizados y hubieron de presentarse bajo otras siglas, como fue el caso de los comunistas PTE, ORT, MC y LCR{28}, o el Partido Carlista{29}.
Las Cortes a formar no tenían por sí mismas carácter constituyente; aunque se marcaran como primer objetivo la elaboración de una constitución, no fueron disueltas de inmediato una vez cumplido el objetivo{30}. El Senado estuvo compuesto en esa primera legislatura a la vez por personas elegidas y por otras nombradas por el propio Rey. El sistema electoral para la elección del Congreso se hizo mediante un sistema proporcional corregido (D'Hont), favorecedor de los partidos más votados, pero penalizador de los más pequeños (el propio PCE, con casi 10% de votos obtuvo sólo el 5% de representantes){31}. La distribución de los escaños favorecía a las provincias con menor población (sobre todo las dos Castillas, tradicionalmente más conservadoras) en detrimento de las más pobladas (las áreas industriales y Andalucía, donde más intensa había sido las lucha contra el franquismo). Todavía hoy se siguen manteniendo algunas de estas medidas (sistema electoral o reparto provincial de escaños).
¿Que había pasado? Las elecciones habían sido la culminación de un proceso político iniciado en los últimos años del franquismo con la intención de reformarlo, con Franco en las últimas y Carrero Blanco por los aires. La reforma pasó por varios momentos y situaciones, donde actuaban a la vez los continuistas del régimen, los aperturistas y la oposición democrática. La propia oposición aumentó la presión contra el régimen (formación de organismos unitarios como la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia, movilizaciones por la amnistía, aumento de la conflictividad laboral...). En esa dialéctica fueron surgiendo nuevas situaciones, como el hecho de que el propio Rey fuera imprimiendo un mayor ritmo a la reforma para que no fracasara, como se fue constatando en los gobiernos de Arias-Fraga-Areilza (diciembre 75) y Suárez (julio 76). Fue este último quien fue más audaz en la apuesta reformista, presentando la ley para la reforma política que fue aprobada primero por las Cortes franquistas (noviembre 76) y después refrendada en una consulta sin libertad a finales de 1976{32}. Esta ley fue la pieza legal que precipitó definitivamente el triunfo de este proceso de tránsito hacia un régimen de libertades. Pero contó, en los últimos momentos, con la colaboración de algunos grupos de la oposición, como fue el caso del PSOE, el PSP o Convergencia Democrática de Cataluña, quienes ya en diciembre aceptaron presentarse a las elecciones aun cuando no estuviese legalizado el PCE u otros partidos. El 15 de junio de 1977 representó, pues, el triunfo definitivo de la operación reformista del régimen franquista, donde su resultado final fue producto de la confluencia de factores antes señalados. Ese día los partidos más votados fueron los que protagonizaron los momentos finales de la reforma, esto es, la UCD de Suárez y el PSOE de González.
Las víctimas olvidadas de la Transición
Todavía falta recordar y conocer más sobre la represión contra los demócratas durante los últimos años del franquismo. En el olvido quedan muertes (víctimas de ejecuciones, de torturas o de disolución de manifestaciones), torturas, detenciones, encarcelamientos, multas, apaleamientos, despidos, destierros, expedientes, separaciones forzosas de la Universidad... y miedo. Todo un aparato policial, judicial y de bandas fascistas actuaron legal o paralegalmente contra quienes luchaban contra la dictadura y demandaban libertades políticas. Recordar a sus víctimas, muertas o heridas por botes de humo o balas disparadas al aire o a quemarropa, detenidas torturadas o lanzadas por las ventanas, apaleados sin piedad...
Por ejemplo, los sucesos de enero de 1977, reflejados por Juan Antonio Bardem en su película Siete días de enero. ¿Qué ocurrió en esos días? ¿Fue una dramática coincidencia? ¿O fue la puesta en escena de lo que entonces se conoció como la estrategia de la tensión? ¿Fue urdida por los partidarios de mantener la dictadura? ¿O fue un vehículo de desmovilización, atemorizándola, de la oposición democrática? La gravedad de los hechos fue, sin duda, enorme al poco de haberse aprobado la ley para la reforma política, donde se legalizaba la transición hacia la democracia a la vez que se neutralizaba a buena parte de la oposición. Difíciles respuestas, sobre las que conviene investigar y profundizar más. Otros ejemplos: las numerosas muertes en manifestaciones, como las de Granada e Irún, en 1970; Madrid, en 1971; El Ferrol, en 1972; El Besós, en 1973; Vitoria, Montejurra, Santurce, Sestao, Tarragona o Basauri, en 1976; Madrid y Ortuella, en 1977... La muerte del joven almeriense que hacía una pintada, en 1976. Los «vuelos» desde las comisarías, con muerte en el caso de Enrique Ruano, en Madrid en 1969, o graves heridas, del estudiante vallisoletano José Luis Cancho en 1974. No se trata de hurgar en viejas heridas, sino de no olvidarlas.
Para acabar
La Historia es una disciplina muy compleja. El conocimiento de lo social es tan amplio, que sistematizarlo resulta altamente complicado. Eso llevó hace años a que hubiera historiadores (Lucien Febvre, Marc Bloch{33}) que plantearan la necesidad de que en esa tarea fuese necesario seleccionar la información, pero desde una metodología científica para que sus resultados fuesen fiables. También ha habido quien ha puesto de relieve la confusión entre objetividad y neutralidad (Barrington Moore Jr.){34}. La primera, es decir, la capacidad de investigar y la voluntad para descubrir el error, debe ser la base de un trabajo científico. La segunda, es decir, la neutralidad, no sería más que una ilusión. El problema es cuando hay quien, confundiéndolas, cree mostrarse neutral y objetivo, produciendo obras que adulteran, en mayor o menor medida, el conocimiento histórico
¿Son objetivos los escritores revisionistas? Por lo que he expuesto en este trabajo habría que concluir que evidentemente no. ¿Lo son los historiadores y las historiadoras que en numerosas obras rigurosas y documentadas han trabajado y siguen haciéndolo, con mayores o menores dificultades, para aportar más al conocimiento histórico? El uso que han hecho miembros del equipo de redacción de la revista El Catoblepas de las obras de los escritores de obras de Historia, sorprende. A mí, al menos, mucho.
Notas
{1} Pío Moa es autor de una trilogía sobre la República y la Guerra Civil española: Los personajes de la República vistos por ellos mismos, Los orígenes de la guerra civil y El derrumbe de la II República y la guerra; así mismo, es autor de otros libros como De un tiempo y de un país (memorias de sus tiempos de militante antifranquista y del GRAPO), Los crímenes de la Guerra Civil y otras polémicas, Los Mitos de la Guerra Civil y, el último, Franco, un balance histórico. César Vidal, por su parte, al margen de diversos libros sobre otras épocas, ha escrito de los periodos que nos ocupa Checas de Madrid. Las cárceles republicanas al descubierto o Las Brigadas Internacionales. Por último, Ángel David Martín Rubio, además de sus primeros trabajos, como fueron La represión roja en Badajoz, La persecución religiosa en Extremadura durante la Guerra Civil (1936-1939) y Paz, piedad, perdón... y verdad. La represión en la guerra civil, ha publicado recientemente Los mitos de la represión en la Guerra Civil.
{2} Sin hacer una exhaustiva relación de las críticas vertidas hacia el grupo de historiadores revisionistas, Francisco Espinosa (precisamente, historiador no universitario), en su obra El fenómeno revisionista o los fantasmas de la derecha española, ha hecho un riguroso, preciso y sintético análisis en el que desmonta en gran medida los métodos utilizados por estos historiadores, en especial Pío Moa. El mismo autor también desentrañó anteriormente en La columna de la muerte los, cuando menos, débiles argumentos utilizados por determinados historiadores en la mayoría de sus obras sobre la represión en Extremadura y, en especial, la provincia pacense. El nada sospechoso de izquierdismo Javier Tusell escribió en El País (8-07-04) un artículo, titulado «El revisionismo histórico español», en el que llegó a decir que «quien tome en serio esos libros no es que sea un amante de originalidades excesivas, sino que viste intelectualmente de prodigioso hortera».
{3} La documentación existente y conocida del franquismo, en relación a la generada, resulta mínima. Las expurgaciones (¿quemas?, ¿apropiaciones privadas?...) son una de sus características. Otra, las dificultades para acceder a determinados archivos oficiales, cuando se accede, con frecuencia son verdaderas aventuras. La fundación Francisco Franco, de carácter privado, dispone de importante documentación, pese al carácter público de su figura, pero es un cortijo para nostálgicos de la figura del dictador. Como ha señalado Francisco Espinosa, «el fascismo español no sólo acabó con la memoria de los vencidos, sino que (...) borró gran parte de su propia historia» (La columna de la muerte).
{4} La obra de Southwort La destrucción de Guernica. Periodismo, diplomacia, propaganda e historia, 1977, resulta contundente para conocer la dimensión de la catástrofe y la responsabilidad directa de los mandos militares sublevados, al margen de la más admitida responsabilidad alemana.
{5} Francisco Espinosa ha hecho un riguroso y muy documentado estudio del papel jugado por las tropas sublevadas en Badajoz y su entorno, y con él de la represión en Badajoz, en La columna de la muerte. El avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz, 2003.
{6} Ian Gibson, El asesinato de Federico García Lorca, 1979.
{7} Pío Moa y otros intentan atacar al PSOE actual (por lo demás, un partido que en lo fundamental defiende el mismo modelo social y político que le PP) como una continuidad del PSOE de los años 30. César Vidal (Paracuellos-Katyn, 2004) y otros insisten en la responsabilidad de Carrillo en la matanza de Paracuellos, un suceso que, no obstante, no se ha negado en su naturaleza y dimensión desde la historiografía tan denostada por los historiadores revisionistas.
{8} Término, al parecer, originario de Salvador de Madariaga, quien sería uno de sus principales exponentes junto a otros como Ortega, Alcalá Zamora, Unamuno, etc., personas que se «abstuvieron» del conflicto bélico y, como consecuencia, se mantuvieron equidistantes de los dos bandos. Se pueden destacar tres alusiones, en distintos momentos, sobre las tres Españas: la de Juan Marichal en su artículo «Los intelectuales y la guerra», en La Guerra de España. 1936-1939, coleccionable de El País, [1989]; la de Paul Preston, en Las tres Españas del 36, 1998; y más recientemente, Enrique Moradiellos, en 1936. Los mitos de la Guerra Civil, 2004.
{9} Algo estudiado con maestría por Southwort en su obra El lavado de cerebro de Francisco Franco. Conspiración y Guerra Civil, 2000.
{10} Daniel Kowalsky, en La Unión Soviética y la Guerra Civil española. Un revisión crítica, 2003, ha puesto de manifiesto la sobredimensión que se ha hecho de la presencia y ayuda de la URSS en la guerra.
{11} La polémica surgió en Italia en 1998 con la publicación de un libro, prologado por el senador Sergio Romano, donde aparecían los recuerdos de dos ex combatientes italianos de la Guerra Civil española. Lo que Romano planteaba (al margen de su consideración de que hubo dos guerras en el bando republicano: una, antifascista, hasta 1937, y la otra, anticomunista) era de hecho una revisión de las interpretaciones históricas acerca del carácter antidemocrático de los sublevados de 1936 y del régimen implantado tras la guerra, llegando a minimizar dicho régimen. La polémica tuvo su vertiente en nuestro país, donde se llegó a publicar en 1999 el libro originario, con el añadido de un artículo de Paul Preston, titulado La Guerra Civil: ¿dos o tres Españas?
{12} Amando de Miguel, Sociología del franquismo, 1975; Stanley Payne, El régimen de Franco, 1987; Paul Preston, Franco, «Caudillo de España», 1993; Javier Tusell, La época de Franco, 1997...
{13} Gabriel Cardona, Franco y sus generales. La manicura del tigre, 2001; Stanley Payne, El régimen de Franco, 1987; Paul Preston, Franco, «Caudillo de España», 1993; Javier Tusell, La época de Franco, 1997...
{14} Hilari Raguer, La espada la cruz (La Iglesia 1936-1939), 1977; y La pólvora y el incienso. La Iglesia y la Guerra Civil española (1936-1939), 2001; Julián Casanova, La Iglesia de Franco, 2001...
{15} Los estudios sobre la represión durante la postguerra han abundado en los últimos años y una conclusión evidente es que las cifras de las víctimas manejadas en un principio están aumentando. Se pueden destacar, por ejemplo, los libros colectivos dirigidos por Santos Juliá (Víctimas de la Guerra Civil, 1999) o Julián Casanova (Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco, 2002). Se han hecho investigaciones más concretas sobre desapariciones (Rafael Torres, Desaparecidos, 2002); el uso de mano de obra esclava (Rafael Torres, Los esclavos de Franco, 2000; José Luis Gutiérrez Molina y otros, El canal de los presos (1940-1962), 2004; los maquis (Francisco Moreno, La resistencia armada contra Franco. Tragedia del maquis y la guerrilla, 2001; Secundino Serrano, Maquis. Historia de la guerrilla antifranquista, 2001); la aparición de fosas comunes (Enrique Silva y otros, La memoria de los olvidados, 2004)... La bibliografía es tan extensa en estudios provinciales y locales, que resultaría imposible reproducirla aquí.
{16} Los estudios de estos años no están todavía muy sistematizados, si bien se va conociendo más de ello. Es de gran interés el libro de Juan José Águila El TOP. La represión de la libertad (1936-1977), 2001.
{17} Principal colaborador de Franco, actuó desde la secretaría de la Presidencia hasta 1967, en que fue nombrado vicepresidente del gobierno, siendo finalmente nombrado jefe de gobierno en 1973. Fue el artífice de la entrada de los ministros «opusdeístas» que protagonizaron las reformas económicas desde finales de los 50 y de la conocida como operación príncipe, que permitió la sucesión monárquica de Franco a través de la figura del príncipe Juan Carlos, que fue designado oficialmente sucesor de Franco en 1969. Su muerte en diciembre de 1973 por un atentado de ETA provocó cierta crisis en las altas esferas del régimen sobre la sucesión, aunque finalmente el príncipe Juan Carlos acabaría ocupando el trono.
{18} Organismo unitario de grupos y personas independientes nucleado en torno al PCE e integrado también por el Partido Socialista Popular (liderado por Tierno Galván), el Partido Carlista y el Partido del Trabajo de España (marxista-leninista) y el sindicato CCOO. Entre las personalidades independientes destacaban Rafael Calvo Serer, José Vidal-Beneyto o Antonio García-Trevijano.
{19} Organismo unitario nucleado en torno al PSOE y formado también por Izquierda Cristiana (dirigido por Joaquín Ruiz Jiménez, ex ministro de Franco), el PNV, la UGT, el Partido Carlista y los grupos marxistas-leninistas Organización Revolucionaria de Trabajadores y Movimiento Comunista de España.
{20} Acuerdo firmado en el otoño de 1977 entre el gobierno, la Unión de Centro Democrático y los grupos de oposición (PSOE, PCE y Convergencia Democrática de Catalunya), que con el apoyo de los sindicatos CCOO y UGT. Permitió, de entrada y hasta la aprobación de la Constitución en 1978, una garantía en la democratización del sistema y el aumento de gastos sociales a cambio de la moderación en las reivindicaciones salariales con el fin de bajar los altos niveles de inflación existentes.
{21} Si bien su nombramiento como jefe de gobierno fue una sorpresa, por ser poco conocido, Adolfo Suárez era el prototipo de joven alto funcionario del tardofranquismo: gobernador provincial, en 1968; director general de TVE y Radio Nacional, en 1969; vicesecretario general del Movimiento, en marzo de 1975; secretario general del Movimiento, en diciembre de 1975; y jefe de gobierno, en julio de 1976.
{22} Ley aprobada por las Cortes franquistas en noviembre de 1976 y refrendada por la población en diciembre que establecía, entre otras cosas, la monarquía como forma en la jefatura del estado, la convocatoria de unas elecciones libres y los sistemas de elección de las dos cámaras a formar.
{23} Término que designa a la forma en que se plasmó definitivamente la transición española, después de los proyectos políticos divergentes existentes: de un lado, la idea de reforma que defendieron desde el régimen franquista; de otro, la ruptura defendida por los grupos de oposición. Lo primero implicaba partir de las leyes e instituciones existentes, mientras que lo segundo suponía acabar con ellas y partir de una convocatoria de elecciones libres para elegir la forma de estado y de gobierno. Pese a que el primer proyecto fue el que resultó triunfador, lo cierto es que las indecisiones iniciales en los sectores reformistas del régimen acabaron con la designación de Suárez, teniendo en cuenta además la presión cada vez mayor que imprimían los grupos de oposición mediante las movilizaciones.
{24} Los resultados en % de los cinco partidos de ámbito estatal que obtuvieron escaños fueron: UCD, 34,4%; PSOE, 29,3%; PCE-PSUC, 9,3%; AP, 8,2; y PSP, 4,5.
{25} El protagonismo del ejército durante esos años fue grande. Muy vinculado en sus altas esferas a la ideología franquista, no pararon de conspirar contra los gobiernos postfranquistas. La acción más sonada fue la del 23 de febrero de 1981, cuando un grupo de guardias civiles, dirigidos por el teniente coronel Antonio Tejero entró en el Congreso, mientras se debatía la investidura de Calvo Sotelo, y secuestró al conjunto de diputados y diputadas. Tras una tarde y noche de tensión, donde no faltaron movimientos de tropas (División Acorazada de Madrid, capitanía general de Valencia, dirigida por Miláns del Boch...) e indecisiones, de madrugada el rey se dirigió al país anunciando el control de la situación. Detrás de todo ello había distintas tramas golpistas, que se superpusieron en aquel momento, y que reflejaban la inestabilidad política existente, con una UCD dividida, la dimisión de Suárez, las acciones de ETA, etc. Se ha hablado de una o dos tramas vinculadas a sectores franquistas y de otra, más blanda, dirigida por el general Armada, ex colaborador del rey, que buscaba un gobierno de concentración presidido por él mismo e integrado por miembros de todos los partidos. Tras el juicio posterior habido en 1982 no se llegó a conclusiones claras sobre el trasfondo de los sucedido, la dimensión de los apoyos, el papel de personajes relevantes de la política, desde el rey hasta algunos dirigentes de partidos políticos, etc.
{26} Es sabido que el PSOE apenas mantuvo una postura activa contra el franquismo, por lo que su organización e influencia política eran muy limitadas. El célebre Congreso de Suresnes (Francia) de 1974, que eligió a una nueva dirección (donde se encontraban Felipe González, Alfonso Guerra, Nicolás Redondo, Enrique Mújica o Javier Solana), le permitió sentar las bases políticas y organizativas para afrontar la nueva situación. La ayuda económica de otros partidos socialdemócratas, sobre todo el alemán, a través de la Fundación Ebert, fue más que destacable. El PSOE tuvo que afrontar, además, otro problema, que era la división y rivalidad del campo del socialismo. Era el caso del PSP, dirigido por Enrique tierno Galván, y de los numerosos partidos socialistas de carácter regionalista o nacionalista que se habían llegado a agrupar en la FPS (Federación de Partidos Socialistas). En las postrimerías del franquismo el PSOE vivió una situación de tolerancia, hasta el punto que la UGT celebró legalmente en abril de 1976 su 30º Congreso y el PSOE en diciembre el 27º, al margen de la nula represión vivida por sus militantes durante esos años.
{27} Las circunstancias de la legalización del PCE fueron, en cierta medida, pintorescas. La presión de los altos mandos militares para evitarla y la inhibición de la administración de justicia hicieron que tuviera que ser una decisión personal del propio Adolfo Suárez, que meses atrás se había comprometido a hacerlo frente al mismo Carrillo, la que acabara con la incertidumbre. EL PCE fue legalizado en plena Semana Santa (el «sábado santo», 9 de abril). Pese a las dimisiones inmediatas de los ministros militares, la crisis se resolvió rápidamente, sobre cuando Carrillo, junto a los componentes del comité ejecutivo de su partido, hizo una declaración pública aceptando la monarquía y su bandera.
{28} Eran los partidos de la llamada izquierda revolucionaria (sin contar los que propugnaban la lucha armada, caso del PCEm-l, con el FRAP, o el PCEr, con los GRAPO) que tuvieron más influencia. Habían surgido durante los últimos años del franquismo y se mostraron muy activos en la lucha contra el régimen, sobre todo en algunas áreas industriales (la ORT, en Navarra y Madrid), del campo andaluz (el PTE) y en medios universitarios. Los tres primeros se consideraban marxistas-leninistas y, en mayor o menor grado, estaban vinculados al maoísmo (se les llamaba con frecuencia los «chinos»), mientras que la LCR (Liga Comunista Revolucionaria) pertenecía al campo del trotsquismo. Tuvieron que presentarse a las elecciones haciendo uso de subterfugios legales. De esta manera, el PTE se presentó dentro del FDI (Frente Democrático de Izquierdas), la ORT, como AET (Agrupación Electoral de Trabajadores), el MCE, como CUP (Candidatura de Unidad Popular), y la LCR, como FUT (Frente de Unidad de Trabajadores). El que afrontaran las elecciones por separado, unido a que la edad mínima para votar se fijó en 21 años, les llevó a unos resultados muy exiguos, que en su conjunto se quedaron en el 1,39% (unos 250.000 votos): 0,68, del PTE % (sumando los votos de Cataluña, donde se coaligó con ERC, llegó al 1,46); 0,44, de la ORT; y el resto, de los otros dos.
{29} El Partido Carlista estaba dirigido por el pretendiente de esa rama de los borbones, Carlos Hugo de Borbón. Pese al origen reaccionario del movimiento cuando apareció en los años 30 del siglo XIX, durante los últimos años del franquismo y la Transición, cuando se creó el partido, evolucionó hacia unos planteamientos políticos bastante avanzados: la democracia y el socialismo autogestionario. No todo el carlismo estuvo en esa línea, hasta el punto que un hermano de Carlos Hugo, Sixto, siguió defendiendo las ideas tradicionales y el régimen franquista, llegando a protagonizar los conocidos sucesos de Montejurra en mayo de 1976, cuando varios pistoleros de extrema derecha provocaron 2 muertos de carlistas progresistas durante la romería que cada año celebraban en ese monte navarro.
{30} La Constitución fue sometida a referéndum el 6 de diciembre de 1978 y las elecciones siguientes, convocadas el 1 de marzo de 1979, se celebraron el 20 de marzo. No fue una convocatoria inmediata, aunque tampoco tardía. Al parecer en el seno del gobierno y de la UCD había discrepancias, al margen de que, según la Constitución, era posible que se mantuvieran las cámaras formadas en 1977 hasta 1981. La convocatoria o no era, pues, una decisión de oportunidad política, que Suárez resolvió convocando sucesivamente nuevas elecciones generales y las primeras municipales, éstas últimas, el 3 de abril.
{31} Esta situación se ha seguido dando a lo largo de todas la elecciones. IU es la fuerza de ámbito estatal que más lo sufre. En la diferencia entre % de votos y de escaños el PSOE ha tenido siempre una sobrerrepresentación que llegó a alcanzar 10,4 puntos en 1982 y 1989, habiendo sido de 1,6 en 2000; el PP la tuvo moderada hasta 1996, pero en 2000 alcanzó 7,8 puntos; PCE/IU, por el contrario, la ha tenido siempre negativa, alrededor de -4,5 entre 1989 y 1996, y de -3,2 en 2000.
{32} Las posturas de los distintos grupos políticos en torno a esta ley fueron diversas. Contrarios se mostraron los sectores continuistas del régimen y favorables, los aperturistas. La oposición al régimen defendió la abstención, pero formalmente manifestando la naturaleza antidemocrática y sus limitaciones políticas, de ahí que se denominara esta postura como de abstención activa. Los resultados fueron favorables al gobierno, ya que la participación fue del 77,7% y el sí obtuvo el 94,1% de votos entre la población mayor de 21 años, mientras que la abstención se quedó en un 22,3%. Todo ello, no obstante, sin que existiera la posibilidad legal y material de defender su postura los grupos de la oposición.
{33} Respectivamente, Combates por la Historia, 1975; e Introducción a la Historia, 1974.
{34} Harvey J. Kaye, Los historiadores marxistas británicos. Un análisis introductorio, 1989.
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