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El Catoblepas, número 47, enero 2006
  El Catoblepasnúmero 47 • enero 2006 • página 4
Los días terrenales

La imagen de los gobernantes en México: el cacicazgo de Víctor Cervera Pacheco en Yucatán

Rafael Morales Ramírez

En este ensayo, el autor hace una disección de la fenomenología política y sociológica del arquetipo del gobernador local en México: el «cacique político», figura central en la dialéctica de poder entre medio de la cual se ha configurado, como systasis, la estructura del estado mexicano contemporáneo y que, por tanto, es parte constitutiva (constitutio) de su materia política

Un elemento particular del presidencialismo mexicano ha sido la construcción de la persona del presidente. Los poderes que la Constitución le otorga le permiten aparecer como una figura omnipotente y misericordiosa, pues como jefe de Estado representa la unidad del país; encabeza el gobierno y es jefe supremo de las fuerzas armadas; además, tiene el poder del perdón: la gracia o indulto a quienes están condenados. El ritual bajo el que se construye su figura, el tapadismo, así como otras ceremonias –que emulan en muchos aspectos a los misterios de las fiestas cristianas– v. g., el besamanos o salutación cada 16 de septiembre y uno de diciembre, representan formas de entender y ejercer el poder, la cultura política, propiamente, de una nación.

Desde la Constitución de 1824, los fundadores de la republica vieron la necesidad de crear un régimen de gobierno con un Ejecutivo fuerte, dotado de múltiples facultades.{1} Un nuevo mito fundacional surgió cuando el jefe del poder ejecutivo fue visto como el líder o caudillo por excelencia, el tlatoani que, de acuerdo con Enrique Krauze, se transfigura en la persona del presidente de la república. Un gobernante fuerte, dotado de amplios poderes, es la fórmula a la que ha acudido de forma recurrente la elite política (aunque no muchas veces con acierto, pues a lado de los amplios poderes se le adjuntaron límites para impedir excesos, lo que terminaba por traer la ingobernabilidad). El presidente-caudillo entonces se habría de convertir en el guía de los destinos del país.

Una excepción a esta tendencia se daría con la Constitución de 1857, que daba al poder Legislativo, sin Senado, una hegemonía muy clara sobre el Ejecutivo. El régimen político que surge de la Revolución, definido en la Carta Magna de 1917, habría de ser muy distinto del plasmado por la de 1857, en cuanto a la concepción del régimen federal-presidencial. Se recupera la idea de un Ejecutivo fuerte y del régimen federal con un Senado, aunque a este se le otorgaron facultades poco relevantes en cuanto a la defensa de los intereses de los estados. Esta combinación llevaría a centralizar casi la totalidad de las decisiones finales de todos los órdenes de gobierno en la presidencia.

Finalmente, la Revolución habría de realizar una gran promesa a las masas que la encabezaron: que la suerte de los muchos habría de privar por sobre la de los menos «y que, para mejorar aquella, el gobierno tenía que convertirse en el elemento activo de transformación».{2} El presidente, el jefe del gobierno nacional, aparecía entonces como el único capaz de cumplir tal promesa. Así, finalmente, este se convirtió en el vértice del poder y en el árbitro supremo de todas las disputas político-sociales. La figura endiosada del presidente, aquella, por ejemplo, que retrata a un Adolfo Ruíz Cortines saliendo del balcón del Palacio Nacional a entregarse a su pueblo, es sin duda, la imagen más acabada del poder presidencial en México.

La imagen de los gobernadores: ¿virreyes o caciques?

Es difícil entender el poder de los gobernadores sin la lógica del presidencialismo. Dada la estructura federal, en el país se reproduce, en pequeña escala, en las treinta y tres entidades en que se divide la federación, la forma de gobierno republicana, con su división de poderes, y con la democracia, como fórmula para elegir a los gobernantes.{3} De esta forma, los gobernadores representan la cabeza del poder Ejecutivo en los estados. Ahora bien, como se verá más adelante, muchos vicios, prácticas y creencias que emulan los gobernadores del propio presidencialismo, se definen por la relación histórica entre el centro y las regiones.

Por diversos motivos históricos,{4} el centro federal logró centralizar, a través de los años, una serie de decisiones y procesos que, en una estructura federal corriente, deberían estar en manos de los estados –v. g., la recaudación fiscal–. Esta centralización, dentro de un federalismo formal, llevó a que los gobernantes locales estuviesen sometidos a los intereses del centro, vale decir, al poder presidencial. Existe al respecto suficiente evidencia para entender cómo los presidentes lograban imponer al partido oficial a los candidatos a gobernador en las regiones, o removerlos, ahí cuando resultaban indeseables para la coalición de gobierno nacional.{5}

Al ser designados desde el centro, los gobernadores pasaban a ser una suerte de pequeños delegados, sin legitimidad, al servicio del presidente. Como jefes políticos, estaban encargados de mantener la estabilidad en sus regiones, y podían formar una base de apoyo político siempre que no se interpusiera con los intereses del presidente en turno. De forma que ahí donde el gobernador resultaba incapaz de mantener el orden, el presidente podía, a través de mecanismos formales, como la declaración de desaparición de poderes en los estados por parte del senado, remover a los políticos ineptos o indeseables. Este mecanismo político de intervención del centro en el orden local se convirtió por muchos años en la fórmula por excelencia del control del centro sobre las regiones.{6} Tal dinámica cambiaría hasta 1989, al llegar a un gobierno local un partido de oposición.

Ahora bien, la imagen que se tiene de los gobernadores es ambigua. Fluctúa entre quienes ven a éstos como una suerte de «virreyes» o caciques capaces de imponer su ley y quienes afirman que no gobiernan sino que sólo administran, por la falta de poderes efectivos. De acuerdo a encuestas recientes de cultura política, tienen niveles medios de confianza, aunque muy pocos mexicanos creen que ellos representan mejor sus intereses.{7} Esta imagen coincide quizá con la ausencia de poderes efectivos para dar respuesta a las demandas locales, pues son muy pocos los gobiernos estatales que cuentan con una autonomía fiscal considerable.{8}

Demencia y ambición de poder: el cacicazgo de Víctor Cervera Pacheco

Existen muchas razones por las cuales, en el periodo del autoritarismo (circa, 1946-1989), el presidente toleró ciertos cacicazgos. En unos casos, los presidentes encontraban, a veces como una herencia de sexenios anteriores a veces como simples supervivientes, a caciques o jefes políticos como gobernadores. Un ejemplo, es Gonzalo N. Santos (1943-1949), al que el presidente Adolfo López Mateos no pudo remover, y cuya influencia rebasó su periodo como gobernador, hasta que un movimiento local acabó con él: el navismo.

Así, los gobernadores tuvieron siempre manos libres para llevar a cabo su propia política y, como se mencionó, siempre que no se convirtiera en un obstáculo para los intereses del presidente en turno. Sólo cuando los excesos llegan a límites insoportables, manifestándose en la opinión pública, el presidente, a través del partido oficial o a través de la Secretaría de Gobernación, echaba a andar los mecanismos de intervención federal formales e informales –asfixia fiscal al estado, declaración de desaparición de poderes, licencias o renuncias «consentidas»–, para hacer a un lado a un gobernador incómodo o que no garantizase el triunfo electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En Yucatán, Víctor Cervera Pacheco (1936-2004) habría de hacer historia. A diferencia de otros gobernadores, Cervera hizo gala de una larguísima trayectoria política dentro del PRI-gobierno, recorriendo casi todos los puestos públicos y de representación: dos veces diputado local (1962-1964 y 1968 1970); presidente municipal de Mérida (1970-1972); diputado federal (1973-1976); senador (1976-1982); secretario de organización del Comité Ejecutivo Nacional (1979-1981); secretario de organización del CEN del PRI (1979-1980); secretario general de la CNC (1980-1983); diputado federal en la LII Legislatura (1982-1984); Gobernador interino de Yucatán (1984-1988); secretario general adjunto del CEN del PRI (1988); secretario de la Reforma Agraria (1988-1994) y Gobernador Constitucional Electo (1995-2001). Incluso, se postularía para contender por la alcaldía de Mérida, cargo que ya había ocupado, y cuya elección perdería a manos del panista Manuel Fuentes Alcocer, el 16 de mayo de 2004. Fue su última batalla, pues la muerte le alcanzó, a los 68 años de edad, el 18 de agosto de 2004.

Cervera logró conformar así uno de los cacicazgos más duros y difíciles de combatir por la oposición e incluso por el propio gobierno federal, estuviese encabezado por su partido o no. En sus cincuenta años de militancia y activismo estuvo ligado a las fuerzas y los intereses más oscuros, llevando a la práctica los peores vicios de la política, eliminando a todos sus adversarios. En 1984, suple como gobernador interino a Graciliano Alpuche Pinzón, quien pidió «licencia» para ausentarse del cargo. Alpuche fue siempre identificado como uno de sus más acérrimos adversarios. Otro de sus rivales fue el priista Carlos Loret de Mola, ex gobernador del estado (1970-1976), asesinado en 1986, mientras viajaba por carretera en el estado de Guerrero.

Cervera Pacheco basó buena parte de sus apoyos políticos en el campo. Fue dirigente de la Confederación Nacional Campesina en los ochentas. En 1988, durante el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari, fue designado secretario de la Reforma Agraria y, a diferencia de muchos secretarios que fueron removidos, él se mantuvo ahí durante toda la administración del salinismo. Al término de su encargo, buscó que el PRI le diera la candidatura al gobierno de Yucatán, pero sus adversarios denunciaron que el priísta no cumplía con algunos requisitos, como la residencia permanente en Mérida, pues durante el salinismo vivió en el Distrito Federal. De cualquier manera, consiguió la candidatura.

El 1 de agosto de 1995, Cervera es electo como gobernador constitucional de Yucatán. A partir de entonces, la oposición denunció que su cargo como jefe del poder ejecutivo era anticonstitucional, pues había ya ostentado el mismo puesto, aunque en condición de interino, en 1984. En la Constitución federal se estipula (artículo 116, 1) la prohibición de que los gobernadores duren más de seis años en su encargo. Cervera había sido electo cuatro veces y de cumplir su periodo llegaría a diez años. A pesar de la Constitución, removerlo no aparecía como un asunto fácil. La oposición lo entendió, pues Cervera tejió una red de apoyos y de intereses a lo largo de varias décadas, lo que le hacía un gobernador casi imbatible.

Esta audacia no era novedosa. Cervera se había convertido en un aficionado del desafío de las normas jurídicas. Contra el texto de la Constitución de Yucatán se hizo reelegir como gobernador interino tres veces. Luego, para poder ser gobernador constitucional logró que un Congreso de mayoría priista modificara la Constitución local. Además, una constante en los procesos electorales durante la década de su jefatura política fueron las constantes acusaciones de fraude. Y fue por la compra y coacción del voto como logró ganar la gubernatura, por escaso margen, frente a Luis Correa Mena del Partido Acción Nacional (PAN), en 1995. Su elección fue la única impugnada durante el mandato del presidente Ernesto Zedillo. La suerte del cerverato quedó en manos de este último. Sin embargo, Cervera terminaría su periodo, casi sin contratiempos. Ello habría sido posible, según las especulaciones en la prensa local, debido a que en las elecciones de 2001 este operó a favor del candidato del presidente Vicente Fox, Patricio Patrón Laviada, del PAN, y quien terminaría por sucederle en el cargo de gobernador.

Víctor Cervera Pacheco

En contraposición al común de los gobernadores, que se debatieron en el autoritarismo entre el poder personal y la subordinación al presidente, Cervera desafío todo: logró ser el único en gobernar una entidad durante diez años, además de desafiar un fallo de la Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que le obligaba a remover a una espuria autoridad electoral local.{9} Desafío entonces al presidente Zedillo, de su mismo partido, quien no pudo –o no quiso– hacer valer la Constitución federal para impedir que se reeligiera. También desafió al presidente Vicente Fox, cuya legitimidad democrática contrastaba terriblemente con la de Cervera, pues se resistió a cumplir el fallo del TEPJF y sólo después de los amagos del Procurador General de la República, del Secretario de Gobernación y de la Corte, él y el PRI de Yucatán aceptaron cumplir con la sentencia dictada por la propia Corte.

La foto que se presenta aquí, muestra a Cervera endiosado, enloquecido por el poder. Fue tomada en una de sus últimas arengas, precisamente cuando se negó a acatar la resolución del TEPJF. En ese entonces la situación no podía ser más crítica: la sociedad se encontraba completamente dividida; las fuerzas públicas federales estaban listas para actuar en Yucatán, para desalojar la sede del Consejo Electoral del estado; la Corte amagó con enjuiciar al gobernador por desacato y separarlo de su cargo y el PAN y el Partido de la Revolución Democrática habían amenazado con solicitar juicio político en contra del mandatario yucateco. Ese día, Cervera llamó a la «resistencia civil» y aseguró que no se pondrán de rodillas ante los «traidores del centro». Ante unas ocho mil personas que se reunieron frente a Palacio de Gobierno, en Mérida, aseveró que no se podían permitir las arbitrariedades del TEPJF, pues estas violan los derechos y soberanía elementales de los yucatecos. La demencia, aquella que trae la ambición desmedida por el poder, fue sin duda la principal imagen del cerverato y la última que le acompaño hasta la muerte.

Víctor Cervera Pacheco

Notas

{1} David Pantoja Morán, «Los problemas de ingeniería constitucional en el diseño de las constituciones», en II Congreso Nacional de Ciencia Política, CNCPyAP/UAM/IIS-UNAM/FCPyS-UNAM, México 1999.

{2} Daniel Cosío Villegas, «La crisis de México», en Ensayos y notas, Hermes, México 1966, pág. 114.

{3} Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 40. Se cuenta al Distrito Federal, aunque no tiene aún una estructura de gobierno autónoma, como la del resto de los estados.

{4} Motivos históricos como la formación del estado nacional, la configuración post-revolucionaria del sistema político y el modelo-central estatal de desarrollo y de modernización de la vida social. Cfr., Luis F. Aguilar, «El federalismo en México: funcionamiento y tareas pendientes», Revista Mexicana de Sociología, Vol. 58, Núm. 3, julio-septiembre, 1996, págs. 3-37.

{5} Un ejemplo basta: cuenta Miguel de la Madrid en sus memorias: «José Ramírez Gamero fue el candidato priista a la gubernatura de Durango. Su nominación obedeció a que Fidel Velásquez me lo pidió.» Miguel de la Madrid Hurtado, con la colaboración de Alejandra Lajous, Cambio de rumbo. Testimonios de una presidencia, México, FCE, 2005, p. 608

{6} Manuel González Oropeza, La intervención federal en la desaparición de poderes, UNAM, México 1983.

{7} «Conociendo a los ciudadanos mexicanos. Principales resultados de la encuesta nacional sobre cultura política y prácticas ciudadanas 2001 de la SEGOB», en Este país, núm. 137, agosto de 2002.

{8} Siguiendo a Alberto Díaz, «la autonomía fiscal se determina sumando las fuentes locales de ingresos propios de los gobiernos estatales o municipales (incluida la tenencia) como un porcentaje de los fondos totales disponibles para el gasto local (incluidos los ingresos propios, las participaciones tanto a estados como a municipios y las aportaciones de gasto para educación, salud, infraestructura y otros usos dentro del Ramo 33). Con excepción del Distrito Federal, que es capaz de recaudar impuestos para financiar casi la mitad de su gasto, todos los estados dependen mucho del ingreso federal y de las transferencias de gasto.» Cfr. Alberto Díaz Cayeros, «Dependencia fiscal y estrategias de coliación en el federalismo mexicano», Política y gobierno, Vol. XI, núm. 2, II semestre 2004, págs. 234.

{9} El 7 de abril de 2001, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inválido el Consejo Estatal de Yucatán designado por el Congreso local, y ratificó la existencia de un nuevo Consejo, insaculado por el TEPJF.

 

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