David Stoll, ¿Pescadores de hombres o fundadores de Imperio?, El Instituto Lingüístico de Verano en América Latina
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Dios interviene en el Perú

Desde 1953 el Instituto Lingüístico se había estado refiriendo al día –que se decía llegaría alrededor de 1970– en que se iría del Perú{4}. Pero en 1966 Guillermo Townsend confiaba en otros veinte años de servicio{5}. Cuatro años más tarde, una comisión presidencial estableció que el ILV podría ser declarado innecesario mucho antes. Para 1976 cuando expiró el contrato, se suponía que el gobierno reemplazaría a los norteamericanos con peruanos. Mientras la ansiedad se fue apropiando de la filial, un puñado de antropólogos peruanos comenzaron a presentar propuestas para la transición. De alguna manera la pequeña e impotente División de Comunidades Nativas esperaba transferir la base, el sistema de escuelas y el programa médico a los indígenas con un mínimo de asistencia técnica. Pero sus ideas se perdieron en la administración pública y murieron en la burocracia. ¿No está el Instituto civilizando a los indios?, se preguntó a los antropólogos. O, tengan cuidado, se les advirtió, el coronel fulano de tal es un buen amigo de los lingüistas. O, ¿creen ustedes que los indios pueden administrar todo eso?, se les preguntó. Irónicamente, el ILV mismo estaba probando que los indígenas podían manejar todo eso.

Otro proyecto de la División Nativa, la Ley de Comunidades Nativas y Desarrollo Agropecuario, ofrecía títulos de tierra colectivos para todas las comunidades indígenas de selva. Pero sólo vio la luz del día después de ser enmendada por alguien que promovía la actividad empresarial privada. Para mayor disgusto de la División Nativa, la ley sería [295] llevada a la práctica, no por ella misma, sino por el conjunto de la maquinaria del Estado. Jugando un rol clave estaría el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS), bajo el cual se había colocado a la División Nativa y con el que tenía desacuerdos{6}.

La tarea final del SINAMOS era organizar ligas agrarias y federaciones en la selva para la Confederación Nacional Agraria (CNA) del gobierno. Planeaba liberar a las clases más pobres de la explotación patronal, y luego dejarlas para manejar sus propios asuntos con la ayuda de una burocracia estatal revolucionaria. Pero el gobierno de Velasco quería extraer riquezas de la Amazonía, no dar vuelta al orden social. SINAMOS se convirtió en un enorme establecimiento en Lima, con poco respaldo de la Junta. Para fines de 1975, sus clientes de la CNA de la costa y la sierra estaban al borde de la revuelta. Muchos observadores sospechaban que convertir a los indígenas amazónicos en 'peruanos totalmente integrados al proceso revolucionario' significaría hacerlos trabajar más para una burocracia y una burguesía no reformadas y no ilustradas.

A principios de 1975 el Instituto Lingüístico aún reclamaba tener una buena relación de trabajo con el SINAMOS, que estaba supuesto a supervisar sus actividades. Un evangélico de Cushillococha fue el primer presidente de la liga agraria en esa zona y los organizadores locales parecían recomendablemente cantos en sus críticas a la obra de Lambert Anderson. Pero la oficina regional de Iquitos no hacía distinciones: la profesión misionera fue acusada de etnocidio, subversión política, y extracción de plusvalía en almacenes y aserraderos. Los cuadros de SINAMOS –estudiantes que recién conocían la selva o estudiantes radicalizados de ciudades selváticas– acusaban a los misioneros extranjeros de actividades explotadoras más típicas de su propia clase social. Entrando y saliendo de los caseríos nativos como si fueran paracaidistas, ellos se enteraron de los conflictos que siempre existen entre los de afuera y sus clientelas; atacaron las alianzas entre misioneros e indígenas en contra de colonizadores más demandantes; descartaron a los nativos menos cooperadores como 'alienados'; y en última instancia reforzaron los vínculos de éstos con sus misioneros{7}.

SINAMOS y la Confederación Agraria decidirían que el ILV era una amenaza imperialista, pero la campaña contra los norteamericanos [296] comenzó en otro lugar, en la Universidad de San Marcos en Lima. Dado que el contrato expiraría en febrero del próximo año, en agosto de 1975 el Ministro de Educación estaba obligado a nombrar una comisión de estudio{8}. Los lingüistas de San Marcos le declararon la guerra después que el Ministerio y el Instituto Nacional de Cultura cometieron un error: auspiciar a dos miembros del ILV para dictar un curso sobre un dialecto Quechua. Desgraciadamente, según una cláusula añadida al convenio de 1971, la filial no estaba autorizada a operar en ese idioma. Más aún, Wycliffe declaraba tener traductores en hasta doce idiomas no autorizados{9}. El director de la filial Lambert Anderson recurrió a la cláusula para estudios comparativos «de las lenguas [autorizadas]... con los demás idiomas del mundo»{11}. Esta generosa interpretación no molestaba al Ministerio de Educación: a principios de la revisión del contrato, éste legalizó al ILV en seis de los diez casos en discusión{12}.

Hasta el año anterior, la filial podía haber contado con directores de periódicos simpatizantes. Pero la prensa diaria ya no pertenecía a las familias oligárquicas como la de Miró Quesada: había sido expropiada por el gobierno y confiada a intelectuales izquierdistas. Con escuetos y espectaculares informes cablegráficos que amplificaron la controversia en Colombia, el Instituto Lingüístico se convirtió en un escándalo antiimperialista de primera plana semana tras semana. Antropólogos explicaban cómo el instituto había llegado a ubicarse entre la sociedad nacional y los pueblos nativos bloqueando así la senda de la Revolución Peruana{13}. [297] Las federaciones agrarias de la CNA empezaron a exigir la inmediata expulsión del ILV y de otras sectas religiosas que alienaban y explotaban a los nativos{14}.

Para principios de 1976, dos comisiones oficiales se habían pronunciado en contra del ILV; el Primer Ministro había nombrado a la segunda cuando la primera no devolvió un juicio favorable{15}. El segundo de sus informes confidenciales citaba los idiomas no autorizados, las deficiencias en la producción técnica, el hecho de no haber empleado a peruanos en posiciones de responsabilidad y la excesiva capacidad de comunicación radial{16}. Pero mientras los últimos días del ILV parecían cerca, otra aritmética se impuso: los últimos días de la revolución de 1968. El presidente Velasco ya había sido forzado al retiro debido a distintos desatinos, tales como insistir en el costoso oleoducto del Marañón a pesar de que las compañías petroleras estaban encontrando poco petróleo. La enorme deuda externa que había dejado tras de sí exigía un cambio de política hacia la izquierda o la derecha. A continuación de una purga derechista en las fuerzas armadas y la llegada de nuevos préstamos externos, en marzo de 1976 todos los directores de periódicos ubicados a la izquierda- del-centro fueron despedidos.

Expulsar al ILV agradaría a la Confederación Agraria y a la izquierda. Pero los radicales del ejército que aún quedaban ya no podían prevalecer sobre una ala derecha resurgente. Tras alguna vacilación, el nuevo presidente, el general Francisco Morales Bermúdez (1975-80), se convirtió en el salvador de la filial. Poco después de la rehabilitación del ILV, en febrero de 1977, pregunté a su enlace con el gobierno si la embajada de Estados Unidos había jugado algún rol en ello. «No sabemos», contestó James Wroughton, señalando que el contrato de 1971 excluía el recurso diplomático. «No mantenemos contacto con la embajada estadounidense»{17}.

No era cierto. Aunque amigos peruanos del ILV servían a veces como intermediarios, seis despachos de la embajada durante la cima de la [298] controversia, de septiembre de 1975 a mayo de 1976, citan contactos directos entre un funcionario de la filial, generalmente Lambert Anderson, y la embajada de Estados Unidos. Cuando a mediados de 1977 el embajador Robert Dean dejó su puesto, Anderson envió una nota de agradecimiento al presidente Carter: «La corrección y precisión profesionales del embajador Dean, unidas a un cálido interés personal y palabras de apoyo en privado, contribuyeron grandemente sin duda al feliz resultado... Siendo una organización privada, no hemos buscado nunca el respaldo oficial del gobierno estadounidense, pero sí hemos apreciado la juiciosa y considerada preocupación personal [del embajador]...»{18}.

El embajador Dean había trabajado en inteligencia del Departamento de Estado y había estado asignado al Pentágono antes de actuar como consejero político en el Brasil en la época del golpe de 1964 apoyado por Estados Unidos{19}. Visitó Yarinacocha a mediados de 1975, y a principios del año siguiente asistió a una recepción para el fundador. «MinEd afirmó que podría esperarse ataques adicionales de parte de círculos académicos descontentos y/o izquierdistas», cablegrafió Dean el 30 de septiembre de 1975 a Washington. «MinEd aseguró al ILV que su contrato será renovado». Esto fue durante la discusión con la Universidad de San Marcos sobre el equipo no autorizado, en la que el Ministerio insistió en estar dando una revisión correcta al contrato. Pero para el 20 de noviembre, el embajador estaba preocupado. «La reportada [expulsión de Colombia] complicará la renovación del contrato del ILV programada para febrero... La hostil prensa izquierdista está, más que nunca, decidida a tratar la renovación del contrato como un asunto político en vez de una decisión técnica». Una semana más tarde, la embajada cablegrafió que «los líderes del ILV parecen estar confiados... que para febrero todo resultará de manera satisfactoria»{20}.

El 8 de marzo, la filial se asustó al recibir una carta de despido proveniente de su aliado el Ministro de Educación, general Ramón Miranda Ampuero. Al día siguiente, un «padrino peruano... y cercano [299] colaborador» del ILV informó al embajador que había sido una decisión de gabinete. Un militar radical de la era de Velasco, el nuevo Primer Ministro, general Jorge Fernández Maldonado, «se considera [ba] que había jugado un papel clave». Extrañamente, el gobierno peruano no anunció la decisión. Según la fuente del embajador, el Ministro de Educación había informado al ILV que la transferencia debería «proceder sin bulla». Mientras los funcionarios de la filial dijeron a gente como yo mismo que estaban recibiendo «conflictivas señales» acerca del futuro del ILV, en Yarinacocha los miembros empezaron a decir que tendrían que dejar el país para fin de año.

«Había cierta impresión», cablegrafió Dean a Washington el 19 de abril, «de que el reciente... viraje político [hacia la derecha] podría ayudar al ILV en el esfuerzo de estirar el período de transición. El hecho de que no haya habido publicidad en torno a la decisión de no renovar el contrato del ILV, fue considerado como una señal de esperanza que podía llevar a posponer la fecha de partida del ILV». Pero dentro de la embajada y el liderazgo de la filial hubo otro hilo de pensamiento. Como había señalado Dean en su cable del 10 de marzo, el gobierno podría estar tratando de «evitar otra controversia política por el momento» –una que el ala izquierdista en el gobierno mal podía afrontar.

El funcionario de la filial que pasó por alto los deseos del gobierno y dio a conocer las noticias fue el director de la base. Donald Lindholm, un graduado del evangélico Wheaton Collegue, había dejado su empleo como funcionario de la AID con la embajada estadounidense en Lima para incorporarse al Instituto Lingüístico después del golpe de 1968{21}. Según otro miembro, Lindholm había causado «problemas» en vanas ocasiones. Esta vez le contó a El Comercio sobre el fin del contrato el 12 de abril{22}. «Lambert Anderson dijo al fun [cionario de la] emb [ajada] que él estaba absolutamente sorprendido, y de alguna manera consternado, de leer la entrevista a Lindholm», informó el embajador Dean. El enojo de Anderson con su colega fue pronto de conocimiento público –el único caso que conozco donde diferencias actuales entre administradores del ILV han sido ventiladas en público. La otra posibilidad es que los líderes de la filial estuvieran sólo excusándose por desobedecer al gobierno. [300]

Tres días después de las revelaciones de Lindholm, el Primer Ministro Fernández Maldonado anunció la formación de una comisión (la tercera) para transferir las propiedades y actividades del ILV al gobierno para fin de año{23}. A esas alturas, informaba En Otras Palabras de Wycliffe, «Dios intervino» al purgar los periódicos –en realidad antes– y comandar un impresionante despliegue de apoyo{24}. Pero como ha sostenido siempre el fundador, Dios sólo ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Con los diarios en manos más amistosas, un ex-diplomático norteamericano había provocado una respuesta pública del adversario más poderoso del ILV, el Primer Ministro Fernández Maldonado, la misma que sus numerosos enemigos podían usar para ponerlo en aprietos. Convirtiendo al ILV en lo que el embajador Dean llamaría «parte de la discusión más amplia en marcha sobre el curso futuro de la revolución» (28 de abril), Lindholm estaba trayendo a la derecha al rescate.

Trece días después de la divulgación de Lindholm, apareció en la prensa una petición organizada por peruanos para reestablecer al ILV. Estaba firmada por sesenta y cinco personas de renombre y fue reforzada por otros sesenta y seis nombres un mes más tarde{25}. Entre los firmantes estaban cinco ex-Ministros de Educación –Valcárcel, Mendoza, Basadre, Romero y Miró Quesada; viejos amigos indigenistas; académicos que compartían su indignación ante la campaña xenofóbica contra los norteamericanos; empresarios; tres sacerdotes católicos; y el novelista Mario Vargas Llosa.

No había lingüistas entre los firmantes, pero militares retirados de alto rango suplían ésta y cualquier otra ausencia: abultaron hasta más de la mitad de la segunda lista y conformaron el cuarenta por ciento del total. Aunque la filial había gozado de sus más cálidas relaciones con el Ejército y la Fuerza Aérea, los generales firmantes de estas armas (doce y siete, respectivamente, más seis de la Guardia Civil) eran sobrepasados por diecinueve almirantes, una demostración sin duda relacionada con la [301] orientación derechista de la Marina y su rol importante en los ataques contra los sindicatos y la prensa izquierdista{26}.

Según miembros del ILV (extraoficialmente) y el sacerdote católico ultraderechista Salontón Bolo, la campaña contra el Instituto Lingüístico era el primer paso de una conspiración comunista internacional para desterrar al cristianismo del Perú{28}. Con pecas excepciones, sin embargo, el clero católico se mantuvo al margen. Aunque los sacerdotes misioneros consideraban calumniosos muchos de los cargos contra el ILV, ellos no confundían los otrora lingüistas de Oklahoma con la Cristiandad. Pero si bien la libertad religiosa no estaba en juego, el valor del ILV como agente de control político sí lo estaba.

«Un patrocinador clave del ILV ha advertido a Morales Bermúdez», cablegrafió el embajador Dean el 28 de abril, «sobre el peligro político de cancelar las actividades de ILV sólo para permitir a una organización campesina izquierdista extender sus operaciones entre los indígenas de la selva». Según se informó, el patrocinador también había «aludido a la posibilidad de que el centro del ILV se convirtiera en un foco para guerrillas' «(Un ayudante del Primer Ministro Fernández Maldonado había informado a la embajada que la base del ILV sería transferida a la Confederación Agraria). El presidente Morales pareció simpatizar con la situación de los norteamericanos. El nombre del intercesor a favor del ILV ha sido reservado, pero el 2 de junio el embajador Dean cablegrafió a Washington que «el ex-ministro del Educación Miró Quesada ha advertido dos veces a Morales Bemúdez sobre alegatos marxistas erróneos contra ILV». Añadió que Miró Quesada ha «dado conferencias sobre el mismo tema en la academia de guerra peruana», el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM). [302]

El 26 de mayo, informó Dean una semana más tarde, el presidente de la comisión para la transferencia reveló al ILV que recibiría una extensión de cinco meses, de enero a mayo de 1977. El coronel Adrián Huamán de la comisión había conducido su propia investigación de la base y decidido que la mayor parte de los cargos eran falsos. Un amigo peruano del ILV dijo al embajador que «la extensión fue impulsada por la creciente conciencia [del gobierno] de la complejidad y gasto de asumir el programa del ILV. El director Anderson informó recientemente al Mineduc que gastos de operaciones de alrededor de 10 millones de soles anuales están siendo restringidos por el ILV como parte de su proceso de salida. Esta reducción ya ha afectado a servicios que el ILV ha prestado por años a funcionarios militares y civiles. Entendemos que ha habido muchas quejas por parte de oficiales de la Guardia Civil y la Guardia Republicana y del personal del Ejército, así como de civiles. Los sueldos, el correo y abastecimiento médico ya no llegan a través del ILV, y éste no puede atender siempre los pedidos de transporte de emergencia». Haciendo referencia al título de un editorial peruano que saludaba su supuesta salida, el embajador Dean cerraba este cable final sobre el asunto: «ILV/ Misión Cumplida»{29}.

El macartismo de derecha, discreto y de alto nivel, había cambiado la marea: el gobierno estaba decidiendo que no podía desamparar a su bloqueo norteamericano contra las alianzas de izquierdistas con indígenas. La dependencia de la burocracia estatal frente al ILV funcionó también a su favor, un hecho que el liderazgo de la filial podría haber decidido dramatizar recortando los servicios antes que la comisión para la transferencia pudiera arreglar su permanencia. De este modo, aunque sólo se le había dicho al ILV que trasfiriera sus instalaciones para fin de año, no que abandonara el país; aunque el grupo esperaba mantener sus residencias privadas en Yarinacocha; aunque Anderon mencionó que la filial esperaba continuar su labor incluso si el contrato se perdía; y aunque en otros lugares los miembros no se han ido del país hasta verse obligados a hacerlo, el ILV hizo saber que algunos estaban yéndose del Perú ocho meses antes del plazo de transferencia de la base. [303]

A fines de junio, la devaluación de la moneda impuesta por los bancos internacionales provocó alzas de precios y disturbios. Cuando en julio el Primer Ministro Fernández Maldonado sofocó un golpe de estado derechista, la Marina dio al Presidente Morales un ultimátum de setenta y dos horas para destituirlo. Morales consintió y echó también a la mayor parte de los militares radicales que aún quedaban en el gabinete, llevando la revolución de 1968 a su fin. El gobierno desmanteló SINAMOS, y la Confederación Nacional Agraria pasó a la oposición.

Tras un largo silencio oficial, en enero de 1977, la oficina del Primer Ministro anunció que el Instituto Lingüístico sería retirado durante los próximos cinco años{30}. Según un informe, la comisión para la transferencia se había dividido: mientras los civiles continuaron leales a su objetivo declarado, los militares argumentaron que la campaña contra el ILV era una conspiración comunista{31}. La justificación oficial para la extensión era mantener las escuelas bilingües. Reportándose al Primer Ministro, el comité del coronel Huamán transferiría gradualmente la infraestructura del ILV y sus funciones al gobierno. El único comentario periodístico fue favorable, ya que los medios críticos del ILV habían sido purgados o clausurados.

Algunos meses después del período de gracia de cinco años, la filial recibió permiso para operar en cualquier idioma que quisiera. Seis equipos Quechua planeaban producir Nuevos Testamentos en dieciocho dialectos, mientras un equipo Campa de nueve personas se dedicaría a sus responsabilidades espirituales en media docena de dialectos de ese idioma{32}. Con todas las nuevas oportunidades, la filial dudaba cumplir con su meta de consumar su programa en 1985.

Notas

{4} Martha Hildebrandt, en Comercio 15 de febrero 1953, y SIL-Perú 1955:78.

{5} Summer Institute of Linguistics-Peru 1966:93.

{6} Varese 1976a.

{7} Respecto a SINAMOS, ver Corry 1977b y Pierre Van Den Berghe, en Browman y Schwarz 1979:258-9.

{8} Prensa 30 de septiembre 1975.

{9} El contrato de 1971 autorizó al ILV a trabajar sólo en aquellos idiomas en los que ya lo estaba haciendo, treinta y dos para ser exactos. Dos años más tarde, la filial estaba trabajando en treinta y ocho. En la conferencia bienal del ILV/WBT de mayo de 1975, la filial informó que Ia traducción sigue adelante en idiomas; nueve grupos todavía necesitan lingüistas». Luis Hernán Ramírez registró excursiones hasta en treinta idiomas no autorizados, pero algunos de ellos parecen haber estado dentro de los términos contractuales{10}.

{10} 1973: Pike y Brend 1977:5 Mayo 1975: p. 11 In Other Words noviembre 1975. Luis Hernán Ramírez 1976.

{11} Entrevista del autor, Lima, 22 de marzo 1976.

{12} Las dos denuncias de San Marcos fueron publicadas en Correo 28 de septiembre y 17 de octubre 1975. El ministerio respondió en Comercio 30 de septiembre 1975.

{13} Escribens 1975, Robinson 1975, y D'Ans 1981:160-2 (originalmente Comercio 26 de noviembre 1975).

{14} Prensa 22 de noviembre 1975; Crónica 11 de diciembre 1975; Expreso 15 de diciembre 1975; Comercio 29 de febrero y 1 de marzo 1976.

{15} Crónica 24 de diciembre 1975.

{16} p. 21 A Excelsior (México, D.F.) 22 de abril 1976 y Cano et al 1979:118-20.

{17} Entrevista del autor, Lima, 23 de febrero 1977.

{18} 7 de junio 1977, membrete de filial. Entregado al autor bajo el Freedom of Information Act (FOIA, Ley de Información Pública).

{19} Who's Who in Government (Chicago: Marquis) 1977.

{20} La traducción de las siguientes citaciones refleja el lenguaje de cables diplomáticos.

{21} Hefleys 1972:22.

{22} p. 1 Comercio 13 de abril 1976.

{23} Peruano 17 de abril 1976.

{24} p. 2 In Other Words marzo 1977. Para una versión de Wycliffe más completa, ver pp. 1-3 ibid enero/febrero 1983.

{25} p. 3 Correo 26 de abril 1976 y Prensa 25 de mayo 1976. También hubo testimonios de Juan Mendoza (ibid 2 de febrero 1976), Luis Valcárcel (Expreso 15 de mayo 1976), General Jorge Barbosa Falconí (Prensa 8 de junio 1976), Francisco Miró Quesada (pp. 13-14 Oiga 21 de enero 1977).

{26} El más prestigioso de los firmantes del almirantazgo era Luis Vargas Caballero, el ex-ministro de marina a quien el Presidente Velasco había destituido en 1974. El siguiente ministro investigó los vínculos de la marina con la CIA; según se informó expulsó a un funcionario de la CIA llamado John Poulter: y fue objeto de atentados terroristas. Cuando acusó al Servicio de Inteligencia de la Marina de ser el responsable de los ataques, un cargo verificado varios años más tarde, el colegio de los almirantes lo sacó de en medio{27}.

{27} p. 98 Latin America (London) 26 de marzo 1976. p. 5 Latin America Regional Reports: Andean Group (London) 12 de diciembre 1980.

{28} Bolo: pp. 14-15 ABC (Lima) c. diciembre 1975; p. 9 Expresión (Lima) 8 de febrero 1976; pp. 10-11 Gente (Lima) 16 de enero 1976; y Prensa 10 de junio 1976. La filial presentó sus estadísticas en pp. 39-42D Gente 19 de diciembre 1975.

{29} Cables, Embajada de los EE.UU.-Lima al Departamento de Estado, 1975:6:17 de julio, «limited official use», firmado Dean. 30 de septiembre, «limited official use», firmado Dean. 20 de noviembre, «unclassified, «firmado Dean. 26 de noviembre, «limited official use», firmado Barneby. 10 de marzo, «confidential», firmado Dean. 31 de marzo, «unclassified», firmado Dean. 19 de abril, «limited official use», firmado Dean. 28 de abril, «limited official use», firmado Dean, algunas líneas siguen clasificadas, 20 de mayo, «limited official use», firmado Dean. Y 2 de junio, «limited official use», firmado Dean. Entregado al autor bajo el FOIA.

{30} p. 42 Gente 12 de enero 1977.

{31} pp. Per/46-7 Documentos (México, D.F. Centro Antropológico de Documentación de América Latina) No. 2 mayo 1977.

{32} In Other Words octubre 1977 (p. 5), diciembre 1977 (p. 6), y abril 1978 (p. 7).

 

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