David Stoll, ¿Pescadores de hombres o fundadores de Imperio?, El Instituto Lingüístico de Verano en América Latina
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Poder oculto

Por su reputación criminal la filial colombiana debe agradecer, en parte, a generales del ejército. La filial había ubicado su base en una región donde la insurgencia es una tradición popular y el contrabando una ocupación común, a sesenta kilómetros de la legendaria Sierra Macarena, según se cree verdadero dorado de minerales. Actividades misteriosas o ilícitas, a menudo a cargo de gringos, son constantemente reportadas a las autoridades. Con el Instituto Lingüístico llegando a la atención pública, su base donde varios centenares de norteamericanos administraban sus propios asuntos, y sus aeroplanos transportaban equipos y aparatos por todo el interior, los rumores multiplicaron los rumores.

El General Abraham Varón Valencia aún no había sido manchado por un escándalo de drogas cuando, en diciembre de 1973 como comandante de las fuerzas armadas, envió un memorandum confidencial al ministro de defensa. Financiado por un «Instituto Wycliff», el ILV era sospechoso de actividades clandestinas, principalmente extracción de diamantes, esmeraldas y uranio, por todo el oriente de Colombia{72}. Cinco meses más tarde el Inspector General José Matallana, enemigo jurado de las guerrillas, oficiales corruptos y contrabandistas, desembarcó tropas en la pista de Lomalinda. Sellaron la base mientras buzos rebuscaban en un lago adyacente evidencias de extracción de uranio. Por todas partes la comisión olfateó en helicóptero al subrepticio ILV.

Cuando la prensa consiguió el Informe Matallana, en junio de 1975, éste contenía una serie de sorpresas. En primer lugar, la comisión no había [269] hallado «pruebas ni suficientes indicios» de que el ILV estuviera involucrado en actividades secretas. La comisión mencionaba incluso su «excelente concepto» de la integridad de sus miembros. Aún así había encontrado excavaciones sospechosas en la vecindad de un traductor: dado que él parecía estar tratando de encubrir algo, se dejaba esta pregunta en suspenso.

En segundo lugar, la comisión citaba al Congreso Norteamericano sobre América Latina para montar un argumento nacionalista contra la operación. Atacaba la identidad dual, afirmando que el ILV había engañado al gobierno en 1962 y fallado en honrar a su contrato. El programa creaba «confusión ideológica» entre los indígenas, dividía comunidades y destruía valores culturales. No había habido ninguna participación nacional y por su propia naturaleza, el ILV estaba fuera del alcance de la supervisión oficial. No menos que por ser un posible peligro para la seguridad nacional, la comisión recomendó que al ILV se le diera un plazo de un año para irse o se le convirtiera en una «institución mixta», cincuenta por ciento de cuyo personal sería colombiano, dedicado exclusivamente a la ciencia{73}.

En tercer lugar, un año después de que un general de alto rango alcanzara estas conclusiones, el ILV estaba todavía en el Ministerio de Gobierno, en su base en los llanos orientales, y en las comunidades nativas como si nada hubiera cambiado. Claramente había aquí más de lo que la más alta comisión militar había sido capaz de descubrir.

Algo había cambiado, sin embargo: el Ministerio de Gobierno estaba a punto de firmar Un nuevo contrato con el ILV{74}. Hacía poco tiempo, el nuevo director de la División de Asuntos Indígenas, José Gutiérrez, había renunciado en protesta por su dependencia: sus superiores le habían impedido ejercer cualquier autoridad sobre el ILV, como bien se podía esperar. Por lo que Gutiérrez podía ver, una misión religiosa extranjera no tenía ningún lugar en el Ministerio de Gobierno{75}. Fue a continuación de estos acontecimientos, entre mediados de 1975 y principios de 1976, que virtualmente todos los lingüistas y, antropólogos colombianos, sus facultades y asociaciones, exigieron la expulsión del ILV{76}. Al principio [270] algunos lingüistas sugirieron una transición, en la esperanza de aprender de la experiencia de los traductores, mantener los canales de comunicación que ellos habían abierto con la población nativa, y evitar la interrupción de los servicios necesarios{77}. Citando el ILV confirmó nuevamente lo que Enrique Santos Calderón calificó de «poder oculto» en el gobierno, perdieron la paciencia{78}.

La fuente de mano de obra para la base, Puerto Lleras, produjo otra aflicción al ILV. En noviembre de 1974 un joven político llamado Óscar Beltrán incitó al municipio local a conducir su propia investigación de Lomalinda. Los concejales encontraron poco o nada fuera de su sitio, declararon a su sabueso persona no grata y, durante las denuncias en el Congreso, proclamaron los numerosos servicios del ILV a la comunidad. Después que apareció el Informe Matallana. Beltrán reclamó haber conseguido dramáticas revelaciones del técnico pecuario de Lomalinda: el ILV no sólo había dado la pista del Che Guevara en Bolivia sino proporcionado el reconocimiento aéreo necesario para dar con el Dumar Aljure de Colombia, un exguerrillero Liberal que había controlado la región de Puerto Lleras hasta su muerte en 1968{79}. Era una historia implausible –el ejército había matado a Aljure en o alrededor de su casa, un local conocido, después que él no había colaborado en las últimas elecciones– pero se surtió a la arremetida periodística{80}.

En noviembre de 1975, la agencia France Press informó que el ILV estaba siendo expulsado de Colombia, El Tiempo y United Press International que el ILV estaba por recibir su carta de despido, según el contrato de 1962 que fijaba un año de plazo{81}. Estos errores se debían en parte a las vacilaciones de un amigo del ILV en el Ministerio de Gobierno, el Secretario General Hernán Villamarín, en reacción a dos sucesos. Uno era una vaga promesa del 13 de octubre, por parte del Presidente Alfonso López Michelsen (1974-78), de nacionalizar la lingüística{82}. El otro fue un [271] ataque furibundo al ILV por parte de un partido de oposición de capa caída, la Alianza Nacional Popular, en el Congreso. Lanzando denuncia tras denuncia, el Representante Napoleón Peralta acuso a los traductores de la Biblia de todas las ofensas de las que es capaz el imperialismo, más algunas que probablemente todavía quedan por inventar{83}. Blandiendo mapas militares estadounidenses con designaciones extraordinarias de seguridad para el área, llegó a vincular a Lomalinda con una base secreta de cohetes en la Sierra Macarena{84}.

El General Varón Valencia, entonces ya ministro de defensa, y el Ministro de Gobierno Cornelio Reyes salieron en defensa del ILV, principalmente al negar la existencia de la base de cohetes{85}. Como latifundista de Planas y campeón de los terratenientes de Catica que asesinaban a líderes del CRIC, Reyes creía que los opositores del ILV eran, mayormente, subversivos. «Los empresarios de la campaña son casi siempre los mismos, encabezados por sediciosos profesores de antropología de la Universidad Nacional, marxistas naturalmente... Los acusadores son precisamente quienes están identificados con la república de Pato-Guayabero [un reducto guerrillero], que quiere extenderse sobre la [Sierra] Macarena...»{86}.

Aunque la embajada estadounidense minimizó su interés en el ILV, según se informó el Embajador Viron Vaky discutió el asunto con el General Matallana. En julio de 1975, Vaky cablegrafió a Washington que, a pesar de la falta de evidencias incriminatorias, el general seguía «convencido de que el campamento del ILV está involucrado en actividades de contrabando». Después de la promesa de nacionalización del Presidente López en octubre, Vaky cablegrafió que ésta «podría haber eliminado el caballito de batalla» de la oposición en el Congreso. «La táctica de López da la apariencia de una decisión [oficial] unilateral, mientras de hecho está poniendo en práctica los términos básicos de la vieja propuesta para un nuevo convenio gubernamental con el ILV. La acción del presidente probará ser eventualmente, creemos, una forma efectiva de sacar la problemática cuestión del ILV de la atención pública». [272]

Nacionalización significaba, entonces, cualquier cosa que uno quisiera escuchar: era una manera más sofisticada de montar el mismo tinglado. En septiembre, el Ministerio de Gobierno mencionó que, bajo un contrato más exigente, la operación se haría «cincuenta por ciento» colombiana{87}. Mientras una entidad nacional fuera organizada, explicó Villamarín dos semanas más tarde, el ILV mismo sería reemplazado en no más de cuatro años{88}. Y, como el embajador Vaky cablegrafiaba el 20 de noviembre, el día después de que Villamarín confirmó que un Instituto Colombiano de Lingüística estaba bajo estudio y que el ILV recibiría un aviso de despido con un año de plazo en vez de un nuevo contrato: «Colombianización»... es esencialmente lo que el ILV ha propuesto para su nuevo contrato. La jugada de López podría, de acuerdo con esto, proporcionar un arreglo satisfactorio para ambas partes a la vez que proporciona una apariencia de acción [gubernamental] que debería aplacar a la mayor parte de los críticos del ILV aquí»{89}.

Guillermo Towsend visitó Bogotá durante el ataque en el Congreso, luego nuevamente en febrero de 1976, cuando obtuvo un elogio del Ministro de Educación Hernando Durán Dussan, otro terrateniente de los llanos orientales{90}. A pesar de los reveses –la incapacidad del ILV para convocar a sus correligionarios colombianos, problemas de la visa con el Ministerio de Relaciones Exteriores, un subsidio oficial para escuelas bilingües que no se materializó, un pleito constitucional contra el contrato en la corte más alta del país–, para principios de 1978 la filial volvió a confiar en firmar un nuevo convenio{91}.

Ahora, sin embargo, había un proyecto impecable en competencia. Los aliados oficiales del ILV habían argumentado que no había nada para reemplazarlo, lo que seguiría siendo cierto mientras el gobierno se rehusara [273] a financiar tal programa. Por algún tiempo, por lo tanto, un comité de funcionarios de los Ministerios de Gobierno y Educación, el Departamento de Planificación Nacional y el Instituto de Antropología habían estado discutiendo la correcta solución administrativa del asunto. El argumento del grupo contra el ILV era doble: 1) el gobierno y las universidades eran capaces de satisfacer las necesidades de las comunidades nativas, y 2) el auspicio al proselitismo religioso contradecía la política oficial de respeto por la tradición indígena. Proponiendo dar a la filial su despido contractual de un año, el comité enfatizó que su plan podría ser realizado con los presupuestos existentes.

Al parecer el Presidente López gustó del esquema y, en julio de 1978, solicitó al Ministro de Gobierno Alfredo Araujo notificar al ILV del fin de su contrato. Pero Araujo estaba descontento con que el plan hubiera llegado al presidente a través del Ministro de Educación Rafael Rivas y no a través de él mismo. El mismo mes, conforme al eterno ante-proyecto de contrato que estipulara el retiro gradual, Roberto García del Ministerio de Gobierno ordenó al ILV retirarse de la Sierra Nevada y señaló que podría esperar lo mismo en el Vaupés y Amazonas. Araujo revocó la orden de García e ignoró la directiva de López hasta que el recién electo presidente, Julio Turbay Ayala (1978-82), asumió el cargo pocas semanas después.

A diferencia de sus predecesores, el nuevo Ministro de Gobierno Germán Zea prestó atención a los opositores oficiales del ILV. El 7 de noviembre, once días antes de que novecientos sectarios norteamericanos se mataran y suicidaran en Jonestown, Guyana, el Ministro de Relaciones Exteriores Diego Uribe declaró que, para fines de año, estaría listo un plan para «acabar con» el ILV{92}. El 13 de noviembre, Zea estableció una comisión: quince días más tarde sus miembros, incluyendo el jefe de Asuntos Indígenas Julián Narváez, reiteraron que el ILV debía recibir su aviso de un año{93}. Después de Jonestown, las Fuerzas Armadas anunciaron que el Ministro de Defensa Luis Camacho Leyva se sumaría a Zea en presentar un protocolo de expulsión en dos semanas{94}. Durán Dussan, convertido en alcalde de Bogotá, habría llevado el caso del ILV ante el Presidente Turbay, quien subsecuentemente concedió, como Zea, una audiencia a [274] Guillermo Townsend. No se volvió a oír más de parte de ministros sobre expulsar al ILV.

Era un crimen, declaró Townsend a El Tiempo, que murieran las riquezas folklóricas de los idiomas nativos sin que alguien las estudiara. ¡Los lingüistas del Instituto hasta habían descubierto una relación entre idiomas de la selva boliviana, Colombia y el sur de los Estados Unidos! En vista de los muchos logros de sus lingüistas en preservar idiomas y dilucidar maravillas gramaticales, él simplemente no entendía cómo habían podido ser malentendidos en Colombia. No obstante, contra sus propias inclinaciones, él iba a aclarar ciertos aspectos del programa. Había, por supuesto, las labores paralelas al aspecto estrictamente lingüístico. Estaba orgulloso de que la brujería, el alcohol, el odio, la masacre, la agresión, la monstruosa destrucción de niños deformes hubieran sido reemplazados por el amor, la fraternidad, la comprensión y la espiritualidad que nacen de la Divina Palabra traducida. Recordó el caso de los Cuibas de Casanare, cuyo temperamento artístico habían fomentado tanto los lingüistas que ahora recibían a los turistas con pinturas en lugar de flechas. ¿Podía ser malo todo esto? Si todo lo que se había dicho no fuera tan injusto, le haría reír. Cuando los lingüistas terminaran su obra dentro de diez o quince años, todo el mundo se daría cuenta de cuán injustamente habían sido tratados{95}. Al año siguiente, antropólogos, políticos, militares y periodistas solicitaron nuevamente la expulsión del ILV, en vano{96}.

Notas

{72} «Un documento secreto». Estravagario (Pueblo, Cali) 26 de octubre 1975. Escándalo sobre Varón Valencia, Antonil 1978:116-18.

{73} Matallana Bermúdez 1976:48-50, 64-71, 88.

{74} pp. 30-1 Alternativa 30 de junio 1975.

{75} pp. 953, 957-8 Anales del Congreso 15 de octubre 1975.

{76} Por ejemplo, las declaraciones de la Universidad Nacional en Universidad de Antioquia 1976:123-46. Otras declaraciones: Anales del Congreso 14 y 21 de octubre 1975 (pp. 940, 995). Y director del Instituto de Antropología, Espectador 28 de marzo 1977.

{77} p. 940 Anales del Congreso 14 de octubre 1975.

{78} p. 5A Tiempo 14 de octubre 1975.

{79} Anales del Congreso 15 y 21 de octubre 1975 (pp. 952-3, 957, 995-6)

{80} Maulin 1968:26-7.

{81} AFP 18 de noviembre 1975. Tiempo (c. 17 de noviembre), citado en p. 1250 Anales del Congreso 20 de noviembre 1975; y UPI 19 de noviembre 1975.

{82} Tiempo 14 de octubre 1975.

{83} Para el argumento de Peralta y muchos otros documentos pertinentes, ver Anales del Congreso 9, 14, 15 y 21 de octubre y 14 y 20 de noviembre 1975 (pp. 927, 938-43, 950-8, 990-8, 1169-82, 1249-50).

{84} pp. 1180-1 ibid 14 de noviembre 1975.

{85} p. 1250 ibid 20 de noviembre 1975 y pp. 1-2A Tiempo 17 de octubre 1975.

{86} Morillo Cajiao 1978.

{87} p. 7A Espectador 10 de septiembre 1975.

{88} Entrevista del autor, Bogotá, 25 de septiembre 1975.

{89} Cables, Embajada de los EE.UU.-Bogotá al Departamento de Estado: 2 de julio, 14 de octubre y 20 de noviembre 1975,«confidential», firmados Vaky. Entregado al autor bajo el Freedom of Information Act (FOIA,Ley de Información Pública).

{90} p. 5A Espectador 20 de febrero 1976.

{91} Pleito constitucional: ver Fernando Umana Pavolini, Dominical (Espectador) 17 (pp. 1, 3) y 24 (pp. 4, 10) de abril 1977. También p. 7A Espectador 27 de enero 1981.

{92} p. 6A Tiempo 8 de noviembre 1978.

{93} «Informe», mimeo, 28 de noviembre 1978, firmado Julián Narváez Hernández et al.

{94} p. F1 Foreign Broadcast Information Service (Washington, D.C.) 1 de diciembre 1978.

{95} p. 3A Tiempo 6 de diciembre 1978.

{96} Uno Más Uno (México, D.F.) 7 de abril 1979.

 

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