David Stoll, ¿Pescadores de hombres o fundadores de Imperio?, El Instituto Lingüístico de Verano en América Latina
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El Instituto Lingüístico en Colombia

Colombia ha caído bajo perpetuo estado de sitio, es decir, la declaración oficial de emergencia nacional. Se dijo que la crisis estaba por terminar a fines de la década de los cincuenta cuando, como secuela de una guerra civil al borde de la guerra de clases, las oligarquías Liberal y Conservadora hicieron las paces en el Frente Nacional. Este sistema bi-partidista ha gobernado una democracia nominal hasta el presente, pero la violencia en el campo sólo aminoró y asumió nuevas formas. La más reciente etapa de la democracia colombiana ha sido financiada por la venta de cocaína y marihuana a los Estados Unidos. Bajo presión de Washington para mantener estas importantes exportaciones en la ilegalidad, los enormes ingresos han tenido una corruptora influencia sobre la burocracia estatal y las fuerzas armadas, que utilizan la ley marcial para suprimir la oposición política. Bajo el Estatuto de Seguridad de 1978, por ejemplo, el gobierno amplió su vigilancia para incluir «subversión desarmada». Según el ministro de justicia, esto consistía en «criticar a las autoridades, censurándolas, contribuyendo a la inseguridad y estimulando a los grupos subversivos»{1}.

Como en expansiones previas del mercado mundial, las industrias de la marihuana y la cocaína han tenido un violento impacto sobre las fronteras internas pobladas por unos 400.000 indígenas. Hace tiempo la contienda entre terratenientes y campesinos ha enviado muchos refugiados a estas regiones, donde aspirantes al monopolio de la tierra comienzan la lucha de nuevo. Al tiempo que agricultores de marihuana invaden la tierra de los indígenas, o ellos misinos recurren al cultivo, las campañas de supresión [242] subsidiadas por la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos apuntan a los pequeños agricultores quienes no tienen recursos para persuadir a las fuerzas del orden de irse a otro lado. Entre los indígenas tradicionalmente apegados a la hoja de coca, los empresarios se apoderan de zonas de producción y cortan a los consumidores su abastecimiento{2}. Las guerrillas, las fuerzas armadas y los pistoleros de alquiler compiten por el control de regiones disputadas por terratenientes, colonos e indígenas.

Cuando un recluta del Instituto Lingüístico se sumó al obituario semanal en marzo de 1981, ello ilustró cuántos colombianos han llegado a comprender la hambre norteamericana por drogas y ganancias, seguridad nacional y evangelismo en términos de un vasto y secreto aparato coordinador del imperio, la conspiración de la CIA. La ejecución siguió a más de una década de controversia sobre el ILV, el cual había sido bienvenido al más alto nivel a principios de los años sesenta. Ya que los traductores prosperaron inicialmente como un contrapeso a las misiones católicas, los primeros en levantar la bandera antiimperialista fueron los misioneros católicos renovados. Luego, nuevos profesionales lingüísticos y antropológicos, capaces de llenar el vacío técnico que el ILV había ocupado, comprendieron que éste era inamovible.

Mientras florecía la fama de la filial de ser un frente de la CIA nuevas organizaciones indígenas estaban extendiéndose por todo el país. En los llanos y selvas orientales, donde la población nativa es más dispersa y lingüísticamente diversa, los movimientos eran a veces difíciles de distinguir de las luchas clientelistas entre foráneos rivales. Pero en los Andes varias organizaciones indígenas desafiaron directamente a la clase gobernante local, que inducía al ejército a militarizar las zonas e hizo asesinar a líderes indígenas so pretexto de que eran guerrilleros y narcotraficantes.

Cuando las tierras indígenas eran invadidas, el gobierno no prestaba atención. Cuando los indígenas trataban de recobrar su tierra, la policía y el ejército se lanzaban contra ellos para mantener el orden público{3}. Muchos científicos sociales y clérigos católicos encontraron sus propios intereses compatibles con los movimientos indígenas: en razón dé su teología y contratos estatales, el ILV no. Fue por esto que continuó gozando del apoyo al más alto nivel oficial. Últimamente, el conflicto subyacente ha [243] salido a la luz con mayor claridad, en el intento gubernamental de utilizar la agitación contra los misioneros norteamericanos, los pleitos entre los indigenistas y cosas por el estilo para legislar poderes dictatoriales sobre los indígenas, legalizando así la represión de sus movimientos.

Notas

{1} p. 10 Uno Más Uno (México, D. F.) 20 de septiembre 1979.

{2} Sobre las consecuencias para los indígenas de la ilegalización de drogas, ver Antonil 1978.

{3} Adolfo Triana, en Friede et al 1979:38.

 

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